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Incentivo de almacenamiento: un debate crucial para los arroceros del Huila

Dic 7, 2024

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El sector arrocero, uno de los pilares de la economía huilense, se encuentra actualmente en una encrucijada que combina desafíos estructurales con crisis coyunturales. Entre las propuestas que buscan estabilizar el mercado y garantizar la sostenibilidad de los productores, resurge el debate sobre el incentivo de almacenamiento, una estrategia que en el pasado ayudó a mitigar las fluctuaciones de precios. Sin embargo, su pertinencia y efectividad generan profundas divisiones, especialmente entre los arroceros del Huila.

DIARIO DEL HUILA, HUILA  

POR: ALEJANDRO POLANCO

En un diálogo con El Diario del Huila, Lázaro Salazar, representante de la Asociación de Arroceros de Juncal (Asojuncal), y Martín Vargas, líder arrocero del departamento, compartieron sus perspectivas sobre esta medida y las implicaciones que tendría para el sector. A través de sus voces, es posible entender las tensiones que atraviesan los pequeños y medianos agricultores, así como las limitaciones de las políticas públicas actuales para responder a las necesidades de los arroceros huilenses.

La solicitud de Fedearroz

Con un enérgico llamado el presidente de la Junta Directiva de Fedearroz José Patricio Vargas y el Gerente General de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, instalaron oficialmente el XXXIX Congreso Nacional Arrocero en el hotel Gran Hyatt de Bogotá, ante más de 120 agricultores delegados que llegaron de todas las zonas productoras de arroz del país.

En su intervención Hernández Lozano, le solicitó a la ministra de Agricultura Martha Carvajalino, quien se hizo presente, el retorno del incentivo al almacenamiento, recordando que las motivaciones que dieron lugar al mismo hacen cerca de 30 años, aún permanecen. “Los productores arroceros acá reunidos mantienen su solicitud al gobierno nacional, representado en este auditorio por la señora ministra, para que se reactive dicho mecanismo en bien de la estabilidad del sector arrocero y la seguridad alimentaria de los colombianos”.

Agregó que “el incentivo al almacenamiento fue un mecanismo creado por la ley para reemplazar la función del extinto IDEMA, con lo cual se retiraban excedentes temporales del segundo semestre para ser utilizados en el siguiente semestre que es deficitario. Es importante recordar que esta necesidad de corregir la estacionalidad continúa vigente y solamente puede mejorar con inversión del Estado o público-privada en infraestructura de riego”, puntualizó Hernández Lozano.

¿Qué es el incentivo de almacenamiento y por qué vuelve al debate?

El incentivo de almacenamiento surgió como una medida del gobierno nacional para enfrentar la sobreoferta de arroz durante las épocas de cosecha alta, particularmente en los Llanos Orientales. Su objetivo principal es permitir a los productores almacenar sus cosechas y retrasar su venta, evitando que los precios caigan abruptamente debido a la saturación del mercado.

A pesar de su utilidad en momentos críticos, este mecanismo fue descontinuado en 2023 debido a desacuerdos entre el gobierno, el Ministerio de Agricultura y los representantes de la industria arrocera. En la actualidad, la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) ha propuesto su reactivación como una forma de proteger a los productores ante las recientes caídas de precios.

Según Lázaro Salazar, esta medida podría ofrecer un alivio temporal, pero no constituye una solución sostenible. “El incentivo ayuda a estabilizar precios en momentos de crisis, pero no aborda los problemas estructurales que enfrenta el mercado arrocero, como la falta de infraestructura adecuada y la alta dependencia de los grandes industriales,” señaló.

Por su parte, Martín Vargas expresó una posición más crítica, afirmando que esta estrategia beneficia principalmente a los grandes actores de la cadena productiva, mientras que deja a los pequeños agricultores en una posición de vulnerabilidad. “Hemos visto cómo la industria aprovecha el incentivo para maximizar sus ganancias, mientras que los productores más pequeños, sin acceso a recursos suficientes, quedan excluidos del sistema,” comentó Vargas.

La situación de los arroceros huilenses

El Huila, reconocido como uno de los departamentos con mayor tradición en la producción de arroz, enfrenta desafíos particulares que lo colocan en desventaja frente a otras regiones del país. Aunque los precios de los insumos agrícolas se han mantenido relativamente estables en 2024, la reciente caída en el valor del arroz paddy ha generado preocupación entre los agricultores locales, quienes ven comprometida la rentabilidad de sus cosechas.

Además, la falta de infraestructura para el almacenamiento y el secado del arroz es uno de los principales obstáculos para los productores huilenses. Mientras en los Llanos Orientales se han realizado importantes inversiones en estos aspectos, el Huila continúa rezagado, lo que limita la capacidad de sus agricultores para competir en igualdad de condiciones.

“La infraestructura es clave para el desarrollo del sector, pero en el Huila seguimos dependiendo de procesos tradicionales que no nos permiten aprovechar las oportunidades del mercado,” advirtió Salazar. Esta situación se ve agravada por la falta de acceso a financiamiento en condiciones favorables, lo que obliga a muchos productores a recurrir a créditos informales con altas tasas de interés, aumentando su vulnerabilidad económica.

Impacto económico y social de la crisis arrocera

El arroz es más que un cultivo en el Huila; es un motor económico que sustenta a miles de familias en todo el departamento. Según datos de Fedearroz, el costo promedio de producción de una hectárea de arroz en la región supera los $4 millones, mientras que los precios actuales apenas permiten cubrir estos costos.

Esta situación no solo afecta a los agricultores, sino también a las comunidades rurales que dependen de esta actividad para su sustento. La falta de rentabilidad ha llevado a muchos productores a abandonar sus tierras o a reducir significativamente sus áreas de siembra, lo que podría tener consecuencias a largo plazo para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico del departamento.

“Si no se toman medidas urgentes, corremos el riesgo de que muchos pequeños y medianos productores queden fuera del mercado, con consecuencias devastadoras para sus familias y para la economía regional,” advirtió Vargas.

Posibles soluciones para el sector arrocero

Ante este panorama, los líderes del sector coinciden en la necesidad de buscar alternativas sostenibles que vayan más allá del incentivo de almacenamiento. Una de las propuestas más destacadas es fortalecer la asociatividad entre los productores, lo que les permitiría mejorar su capacidad de negociación y reducir su dependencia de intermediarios.

“Si logramos unirnos y desarrollar proyectos industriales propios, podremos competir con los grandes actores del mercado y garantizar mejores condiciones para todos,” afirmó Salazar.

Otra propuesta clave es la inversión en infraestructura y tecnología que permita a los agricultores mejorar su productividad y adaptarse a las exigencias del mercado. Según Vargas, el gobierno debería priorizar políticas que promuevan la innovación y la sostenibilidad en el sector, con un enfoque en el acceso a mercados justos y equitativos.

Además, ambos líderes destacaron la importancia de implementar programas de capacitación técnica y financiera que permitan a los productores adoptar nuevas tecnologías y mejorar su eficiencia. Estas iniciativas, según ellos, serían más efectivas que los subsidios temporales para garantizar la sostenibilidad del sector a largo plazo.

Huila en el contexto nacional

El debate sobre el incentivo de almacenamiento es solo una parte de los retos más amplios que enfrenta el sector arrocero en Colombia. En el caso del Huila, es fundamental que las políticas públicas respondan a las necesidades específicas del departamento, equilibrando los intereses de los diferentes actores del mercado y garantizando condiciones equitativas para todos los productores.

El futuro del arroz en el Huila depende de la capacidad del sector para adaptarse a las nuevas realidades del mercado y de la voluntad del gobierno para implementar políticas integrales que promuevan el desarrollo sostenible. Mientras tanto, los agricultores continúan luchando por mantener viva una tradición que no solo es económica, sino también cultural y social.

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