La reforma pensional, aprobada a mediados de año, plantea importantes ajustes que entrarán en vigor en 2025. Uno de los aspectos más relevantes es la centralización del sistema, donde Colpensiones se convierte en el núcleo del nuevo esquema, mientras que se introducen nuevos actores como las ACCAI. Este cambio está acompañado de un aumento en los giros y ayudas del Gobierno a los adultos mayores, lo que genera incertidumbre sobre los impactos financieros futuros en el país.
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Una de las principales modificaciones es la creación del Fondo de Solidaridad Pensional, destinado a subsidiar las cotizaciones de quienes no tienen acceso a la seguridad social. Este fondo se alimentará de los aportes obligatorios de los pensionados, quienes contribuirán dependiendo de su nivel de ingresos. Los pensionados con mesadas superiores a los 20 salarios mínimos deberán aportar un 2%, mientras que quienes perciban entre 10 y 20 salarios mínimos tendrán un descuento del 1%. Este esfuerzo busca reducir las desigualdades y fortalecer la equidad en el sistema.
Además, la reforma plantea un sistema de pilares en lugar del modelo tradicional de regímenes. Los pilares incluyen el semicontributivo, contributivo, solidario y de ahorro voluntario, cada uno destinado a atender diferentes necesidades según la situación económica de los beneficiarios. La intención es garantizar un acceso más equitativo a los recursos de jubilación y reducir el pasivo pensional, que en el caso del pilar contributivo se prevé alcance un 168,7% del PIB en un escenario con reforma, frente al 106,4% sin cambios.
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Finalmente, desde 2025, también se aplicará un aporte adicional para los trabajadores con ingresos iguales o superiores a cuatro salarios mínimos. Dependiendo del nivel de ingresos, los aportes oscilarán entre el 1,5% y el 2,5%, con el objetivo de continuar fortaleciendo el Fondo de Solidaridad Pensional. Este fondo juega un papel crucial en la sustentabilidad del sistema, promoviendo un modelo más inclusivo y justo para los sectores más vulnerables.
