A pesar del esfuerzo que han venido realizando las Fuerzas Militares de Colombia para erradicar las detestables minas antipersonales en los municipios, donde hacen presencia las organizaciones narcoterroristas que operan en el país, nuevamente se han conocido cifras alarmantes sobre el aumento de estas detestables e irracionales formas de violencia que atentan contra el bienestar de las familias campesinas que residen en dichos lugares. Son dolorosos y brutales los hechos que están ocurriendo, donde personas civiles están sufriendo sus efectos devastadores contra su salud física. Infortunadamente desde hace dos años y medio, con la decisión oficial de ir debilitando progresivamente a los organismos de seguridad, la criminalidad ha vuelto a expandirse en más de 800 municipios, a los cuales los tienen sometidos por su accionar delincuencial que se ha vuelto imparable. Siguen siendo críticos. Tanto por las minas que está enterrando el ELN, como aquellas que quedaron sin detonar en los territorios que fueron escenario de la confrontación militar entre las antiguas Farc y la Fuerza Pública. A ellas se suman artefactos explosivos de otros tipos, que son un mortal legado del conflicto. No obstante, los avances del desminado, solo el año pasado hubo 165 víctimas de minas y artefactos, a las que hay que sumar las 8 del pasado mes de enero.
En el marco del Día Internacional de Sensibilización contra las Minas Antipersonal, la Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta preocupante sobre la reactivación del uso de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados en Colombia. De acuerdo con el Ministerio Público, estas prácticas, prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), siguen siendo comunes en zonas con presencia de grupos armados ilegales y altos índices de inseguridad. En la edición del Diario del Huila del 5 de abril del presente año, se informa que actualmente se desarrollan operaciones de desminado humanitario en 84 municipios, y hay 102 más pendientes de intervención. Esta situación representa un retroceso importante en los esfuerzos por erradicar este flagelo, que afecta principalmente a poblaciones rurales y vulnerables, como campesinos, niños y comunidades indígenas.
Es importante que todos los actores armados que operan en el país, en contribución para la consolidación de la paz nacional, se abstengan de seguir sembrando estos detestables artefactos explosivos en los campos del país, donde circulan nuestras inermes familias campesinas que son las encargadas de producir los alimentos. Deben apoyar para que Colombia sea un país libre de minas. Enfrentamos un enorme desafío. Igualmente se deben redoblar los esfuerzos interinstitucionales mediante la exigencia de compromisos reales a los actores armados y garantizar la seguridad de las comunidades. En ese sentido, el gobierno nacional debe actualizar y fortalecer el marco normativo y operativo que rige el desminado humanitario, además de garantizar los recursos necesarios para continuar con las labores de limpieza y atención a las víctimas.
