La Agencia Nacional de Tierras (ANT) rechazó las ocupaciones irregulares de predios privados en el departamento del Huila, al advertir que esta práctica constituye un delito tipificado en el Artículo 263 del Código Penal Colombiano y que, además, suspende de inmediato los procesos de compra que se encuentran en curso.
La entidad, bajo la dirección de Juan Felipe Harman, señaló que los avances logrados en el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en esta región son significativos: más de 9.000 hectáreas entregadas a organizaciones campesinas, firmantes de paz, comunidades indígenas y mujeres rurales; más de 2.300 hectáreas formalizadas y cerca de 20.000 en proceso de formalización, con estudios jurídicos y técnicos que buscan garantizar la seguridad sobre la propiedad rural.
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La ANT subrayó que el diálogo social ha sido la herramienta central de su gestión en el Huila, lo cual se refleja en la conformación de 25 Comités Municipales de Reforma Agraria, más de 20 ofertas institucionales y 14 mesas de trabajo permanentes con organizaciones campesinas interesadas en los programas de acceso y formalización de tierras.
En ese sentido, la entidad recalcó que las ocupaciones no representan el camino para exigir beneficios y que, por el contrario, pueden retrasar los procesos en marcha. “El propietario tiene la facultad de activar los mecanismos legales necesarios para garantizar la posesión legítima de su predio”, recordó la agencia.
Así mismo, la entidad aclaró que no existe desentendimiento ni estigmatización hacia los movimientos campesinos e indígenas, e invitó a las comunidades rurales a respaldar los procesos institucionales de la Reforma Agraria.
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