El coordinador de la Agencia Nacional de Tierras -ANT en el departamento del Huila reporta detalles sobre el proceso de reforma agraria, y acceso a tierras y su avance en el territorio. Además, aborda las controversias sobre el supuesto no cumplimiento de los procesos de la reforma agraria, y los señalamientos sobre la priorización de beneficiarios no locales. Segunda entrega.
Por: Francy Villarreal Ruiz.
Lester Garrido, vocero de la Agencia Nacional de Tierras -ANT en el departamento del Huila, se pronunció en entrevista con el Diario del Huila respecto a la polémica generada en el municipio de Baraya por el proceso de entrega de tierras en el marco de la reforma agraria en los municipios de Baraya, el centro del Huila y la ocupación de tierras en La Plata.
Apunta Garrido que la ANT en Baraya han logrado adquirir más de 3.000 hectáreas, y ha beneficiado a unas 200 familias campesinas e indígenas del Huila, de las cuales alrededor de 80 son de esta localidad.
Asimismo, se refiere a las situaciones que han generado polémica en el centro del Huila; específicamente en el Paramo de Miraflores y la ocupación de predios privados en el municipio de La Plata.
¿Cuál es la respuesta que entrega la Agencia Nacional de Tierras frente a todo este proceso que se adelanta y que ha generado polémica en el municipio de Baraya?
En el municipio de Baraya de la Agencia Nacional de Tierras ha logrado adquirir más de 3.000 hectáreas de tierra. Se ha permitido iniciar aproximadamente 200 familias campesinas del departamento de Huila, y tenemos familias indígenas de este departamento, donde alrededor de 80 de ellas son familias beneficiadas del municipio de Baraya.
¿A quién se le están entregando los predios?
La Agencia Nacional de Tierras tiene diversos programas de acceso a tierras. Tiene uno para población campesina organizada reglamentada mediante el Decreto 1623 del 2023. Tiene programas dedicados al acceso a tierras para población firmante de paz y tiene programas especiales de acceso a tierra para población indígena.
En el caso de la población firmante de paz e indígena, tiene procesos especiales de acceso a tierra, donde ellos como comunidades, son los que sugieren los predios que voluntariamente sean ofrecidos a la ANT.
Es decir, un propietario de manera voluntaria sí ofrece sus tierras y ellos acompañan todo el proceso de compra, para luego poder ser entregado como beneficiarios directos.
Ya en el caso de las organizaciones campesinas que participan de otro Decreto, ellos se postulan para acceder a la tierra de acuerdo con la disposición de tierras que haya en el fondo de tierra.
Y las fuentes que tiene el fondo de tierras es la compra de predios, en la recuperación de predios; esto se entrega a organizaciones campesinas que cumplan requisitos como tener pues todos sus documentos en regla, familias asociadas o de reforma agraria, que son aspirantes a tierra por parte de nuestro programa.
¿Qué responder a la líder agraria Sileny Jiménez respecto a que no se está realizando el debido proceso a tierras, y que los comités no son tenidos en cuenta?
Hay que decir que la Ley 160 de 1994 estableció los comités municipales la reforma agraria, como instancias de concertación para el funcionamiento y la operatividad de la reforma agraria en los territorios. Son instancias de participación comunitaria, participación social en donde se concretan diferentes aspectos estratégicos para la implementación del programa. Pero solo hasta el año 2024 el programa de acceso a tierra empezó a ser acompañado mediante la conformación de comités municipales de reforma agraria, lo cual no es un requisito.
Pero sí en el marco pues del desarrollo de nuestra política de gobierno que es tratar de fundamentar la participación, hemos conformado 25 comités municipales de reforma agraria en el departamento. Es decir, durante 30 años no hubo un solo comité municipal de reforma agraria conformado.
¿Existen conflictos de intereses y algún tinte político en el proceso de entrega de tierras por parte de la Agencia?
Pues no me refería tintes netamente políticos, pero si hay ciertas actividades de instituciones que de pronto no están favoreciendo la implementación de la reforma agraria. Y son manifestaciones también irresponsables sobre la ejecución del programa sin ningún tipo de sustento, sin ningún tipo de prueba.
También existe una mala interpretación del programa porque si bien el programa tiene una vocación de ayudar a las familias de los territorios, pues también el programa no solo se limita a ello.
Se han tenido algunas diferencias, pero igual también hay que ratificar que el municipio hay muchísimas familias que han sido beneficiarias.
¿Se denuncia que se está priorizando a población indígena del Cauca, y no se ha tenido en cuenta las personas que llevan un proceso en el municipio de Baraya?
No es cierto. Empezando quien pone la denuncia también participó de un proceso de entrega provisional de alrededor de 700 hectáreas en este municipio de Baraya. Representa una organización campesina de la cual hemos recibido múltiples denuncias incluso por los mismos miembros en su momento asociados de esta organización.
Entonces, hemos recibido algunas inquietudes, tenemos material biográfico y demás donde incluso entre ellos como organización campesina obtenida acontecimientos de violencia física, agresiones verbales y demás, y como Agencia Nacional de Tierras creemos que la reforma agraria sustancialmente debe construir la paz y no otras cosas.
¿En el Huila cuántos predios se han entregado de forma definitiva y temporal?
Como Agencia Nacional de Tierras cuando hacemos la compra de un predio a partir de una oferta voluntaria, el día en que nosotros recibimos el predio, ese mismo día de manera automática procuramos que se entregue a una comunidad, que sea una comunidad indígena, firmante de paz y población campesina
Esto lo hacemos a través de pues de algunas modalidades, una alta entrega provisional o un comodato correspondiente en donde se establecen unas condiciones para la administración del predio.
Luego de que esta entrega se hace de manera física, es decir, la Asociación Campesina puede entrar a beneficiarse de la explotación del predio, se da la apertura a la inclusión del predio al fondo de tierras y luego la apertura de un proceso para la adjudicación. El proceso de la adjudicación es un proceso que tiene unas etapas publicitarias, de carácter público, de convocatoria amplia en donde todas las organizaciones, al igual que las campesinas dependiendo la convocatoria pueden participar.
Pero esto toma tiempo; porque hay que generar unos estudios muy de detalle sobre el predio relacionados con el libramiento de las zonas de protección, el diseño y la unidad agrícola familiar y el número de población a beneficiar, por eso no se puede hacer de forma inmediata.
Es importante que la comunidad indígena sepa que hay muchísimos predios de diferentes entidades entregados hace décadas, que solamente se quedaron con las actas de entrega, incluso algunos titulados que nunca se registraron.
Nosotros, de las 9000 hectáreas de tierra que hemos entregado desde junio del año pasado a la fecha, ya hemos adjudicado más de 3500 hectáreas y las demás están en el proceso.
¿Usted hizo unas denuncias contra el personero de Baraya Cristian Javier Andrade Soriano, qué refiere frente a este tema?
Claro, es que no es posible que una personalidad municipal difunda información que no tiene un soporte técnico jurídico, información incluso en muchos medios de comunicación. Porque las páginas de la Personería municipal no son las páginas de una persona, son las páginas de una institución que debe defender los derechos y las garantías de todos y de todas.
No está bien visto que la Personería del municipio tome posición al respecto, sin ningún tipo de elemento probatorio, de sustento técnico o jurídico, y carece de evidencia procesal para poder difundir ese tipo de información.
De otro lado, no puede ser posible que una personalidad municipal valide como correcto, como adecuado que la tierra tiene que ser entregada principalmente a personas del municipio y no a foráneos. Ese concepto, foráneos; es demasiado grave porque está recayendo en percepciones quizás racistas o xenofóbicas, y esto es muy grave porque la personalidad municipal tiene que ser garante de procedimientos.
No puede ser en el marco de implementación de estos programas pues encontramos instituciones que se opongan de manera eh expresa y taxativa a las gestiones de la Agencia Nacional de Tierras porque esa no es la función de la persona.
¿Por qué no le ha respondido la solicitud de información al personero solicitada desde el pasado 11 de septiembre?
No soy yo, es la Agencia Nacional de Tierras porque la Agencia tiene dependencias que están a cargo de cada uno de los procedimientos, sean los avalúos, sean las compras, sean las adjudicaciones. Nosotros como unidad de gestión territorial no somos la autoridad competente para dar respuesta a estas solicitudes, eso es lo primero.
Y lo segundo, muchos de estos procedimientos de compra tienen reserva procesal, teniendo en cuenta que se trata de procesos de negociación de personas que reciben una importante suma de dinero por la venta de sus predios y que temen por su seguridad al que esa información ciencia de su día.
Entonces, podemos creer que incluso autoridades municipales difunden la información de los pedios que están en proceso de compra, teniendo en cuenta que nosotros hacemos las solicitudes del uso del suelo de los pedios que se pueden adquirir al municipio. Y esto nos ha llevado a ocupaciones irregulares, a ocupaciones indebidas, nos ha llevado a amenazas, a presuntas las extorsiones a los vendedores de la tierra.
¿Ha generado un conflicto social el proceso de entrega de tierras, y en qué se está fallando como institución?
Evidentemente es normal que ocurre en este tipo de situaciones en un país que tiene un alto indicador de desigualdad en la posesión de la tierra en Colombia. En un país que, aunque su Constitución dice que hay que implementar programas progresivos de acceso a la tierra durante 30 años no haya hecho nada para permitir el acceso progresivo a la tierra. Es normal que ocurra esto en un país que durante los últimos 35 años se dedicó a destruir las instituciones del sector de la agricultura.
Le hablo del municipio de La Plata, que haya un proceso de compra para beneficiar a comunidades indígenas de este municipio y población campesina que quizás también con su anhelo y deseo que se ocupen los predios de manera irregular. ¿Qué culpa tiene allí la Agencia Nacional de Tierras? ¿O qué culpa tiene la Agencia Nacional de Tierras que la ley le permita y le faculte comprar tierras en páramos bajo compromisos de conservación y de reconversión del territorio y que la ley lo permita?
Y más aún, ¿qué culpa tiene la Agencia Nacional de Tierras que se han preentregado en el 2023 y solo en este periodo, hace 2 meses, haya sido descubierto, por parte de las instituciones competentes de proteger los ecosistemas, y que no se habían dado cuenta que en esos predios había ganadería, porcicultura, pastos, en fin, y ahí no había preocupación por los páramos.
Entonces, debemos reconocer la dimensión ambiental, cultural y espiritual actual de los indígenas para también saber y entender sus territorialidades. Y el tema de Baraya pues es un tema en realidad muy particular porque pues es un municipio muy beneficiado con el acceso a la tierra, pero pues hay muchas tensiones allí pendientes por resolver.
¿Hay persecución política hacia usted?
Si, yo creo que sí. Yo siento que hay una condición porque es que se acusa a la persona y se cuestiona a la persona cuando se desconocen los procesos internos de la entidad.
Incluso, hay periodistas que públicamente me han pedido firmar un documento para que renuncie a mis derechos políticos, como si mi labor estuviese siendo instrumentalizada para una aspiración en particular.
¿Aspira a algún cargo de elección popular?
En este momento no; pero eso no quiere decir que en el futuro no voy a ser aspirante; porque es un derecho que yo tengo y que tienen todos los ciudadanos.
¿Lo que sucede con el Paramo de Miraflores, en Baraya y LaPlata, no es muestra de que se está fallando como ANT?
En realidad, el Páramo de Miraflores solo ha sido una entrega en el año 2023, más predios no se han entregado en esta zona. Respecto a esto creo que la CAM delimitó como parque páramo y eso hay que dejarlo claro.
Lo que tiene que ver con la plata, nosotros hemos sido muy enfáticos, la Agencia Nacional de Tierra no puede operar bajo ocupaciones irregulares de la tierra como mecanismo de presión para su operatividad o su funcionamiento, porque si no toda la población campesina recurriría a esa misma dinámica y en último que la institución si bien ha avanzado, pues tiene unas limitaciones administrativas y también presupuestales. Entonces es imposible que nosotros podamos ir al ritmo de las ocupaciones indebidas que además no usan el mecanismo adecuado para avanzar en la implementación de la reforma agraria.
Finalmente, en este caso eh frente a las diferentes posiciones de favor, en contra que se han generado en torno a estos procesos, ¿qué decirles a las comunidades?
La opinión pública y los huilenses en general tienen que saber que las causas estructurales del conflicto armado en Colombia, se atribuye a la ocupación y utilización inequitativa de las tierras.
Por eso esta agenda no es fácil, no es sencilla, y requiere de instituciones sólidas, y las venimos construyendo.
Se van a presentar muchísimas más dificultades, pero estamos seguros de que, en el tiempo, estas dificultades serán superadas y podremos seguir avanzando de manera significativa como lo hemos venido haciendo en nuestro departamento.
Queda claro que respecto a la reforma agraria que se adelanta en el Huila, lo que se busca es que se entregue la información que la comunidad está solicitando, y se dé soluciones a los conflictos que se han suscitado en marco del proceso de entrega de tierras.
El próximo martes 14 de octubre se abrirá un espacio, para nuevamente abordar la situación entre los actores vinculados en el proceso.
