Los lideres comunales en Colombia, se encuentran inermes en medio del creciente conflicto armado, porque se encuentran asediados por las organizaciones criminales que tienen controlado las dos terceras partes del territorio colombiano, producto de la laxitud gubernamental que se ha venido presentando desde que se posesionó el actual primer mandatario de los colombianos. No para la sevicia de estos desadaptados sociales y asesinos, que se han ensañado contra estos seres humanos, que han dedicado su vida a trabajar y a liderar los procesos de desarrollo en beneficio de las comunidades que representan. De acuerdo con Defensoría Nacional del Pueblo en el periodo comprendido entre el 2016 y 2023, se tiene conocimiento del asesinato de 1.294 lideres sociales en el país. El año anterior, fueron asesinados 189 defensores de derechos humanos. Según datos de Indepaz, hasta el 9 de septiembre del presente año, han asesinado 117 lideres comunales, en Colombia. Desafortunadamente estos abominables crímenes se han vuelto paisaje en el país, sin que exista un plan de contingencia por parte del Estado para protegerlos.
En este sentido, todavía persisten amenazas contra éstos. Los grupos armados siguen citándolos a las montañas y los mantienen acosados para que sirvan de instrumentos de guerra bajo presión, so pena de ser afectados con sus familias. Estos comunales, siguen atravesando su verdadero viacrucis porque las permanentes amenazas de las organizaciones subversivas que hacen presencia en sus territorios y que desafortunadamente son asesinados, sino se someten a la voluntad de estas organizaciones que tienen en jaque a la sociedad colombiana. La misma Corte Constitucional de Colombia, ha proferido un fallo recientemente, donde expresa que la falta de concordancia ante la persistente, grave y generalizada violación de los derechos fundamentales de la población líder y defensora de derechos humanos, sumada a la incapacidad institucional y presupuestal para asegurar el respeto, garantía y protección de esos derechos, la motivó a declarar el estado de inconstitucionalidad por la violencia, que no cesa, contra los líderes comunales en el país.
Actualmente en el Huila, se encuentran amenazados cerca de 500 comunales, lo cual ha generado una lluvia de renuncias a sus cargos y muchos se han visto desplazados de sus territorios con sus familias para preservar sus vistas, sin que exista una política pública del gobierno nacional para contrarrestar este viacrucis que padecen estas personas que solo les sirven a sus comunidades. Todo lo anterior, se presenta en el gobierno del cambio. Este flagelo ha alcanzado unas dimensiones aterradoras, donde la institucionalidad del país no logra detener. La sociedad colombiana debe entender que los líderes, más que héroes anónimos, desde luego, son personas que al defender lo colectivo, están defendiendo a toda la sociedad. El día que ésto, quede por fin claro, cualquier esfuerzo para protegerlos tendrá un impacto mucho más contundente.
