Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuestionó el proceso judicial que enfrenta su padre y señaló que el juicio —cuya decisión final se conocerá el próximo 28 de julio— respondería a una estrategia política del actual Gobierno para inhabilitarlo antes de las elecciones de 2026.
En el comunicado, Tomás Uribe afirmó que la acusación “fue impulsada por dos políticos prominentes de los gobiernos Petro y Santos: Eduardo Montealegre, exfiscal y actual ministro de Justicia, y el senador Iván Cepeda, a quienes señaló de ser figuras clave en el proceso de paz con las extintas FARC”.
“La acusación fue impulsada por […] arquitectos de la rendición de Santos a las FARC”, escribió, y calificó a Cepeda como “jefe político de las FARC” y a Montealegre como un operador judicial al servicio del actual Ejecutivo.
El pronunciamiento también sostiene que el juicio se construyó sobre “pruebas manipuladas y testimonios desacreditados”, refiriéndose particularmente al testigo Juan Guillermo Monsalve, cuya grabación clave —según afirma— fue editada, hecho que habría sido corroborado por un perito de la propia Fiscalía. Además, indica que más de 60 testigos habrían negado vínculos con Uribe.
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En otro apartado, Tomás Uribe plantea una hipótesis política sobre el trasfondo del proceso judicial: asegura que la intención de una eventual condena sería evitar que el expresidente Uribe tenga participación política en 2026, incluso como fórmula vicepresidencial del Centro Democrático.
“Petro y Santos buscan neutralizarlo judicialmente antes de 2026, conscientes de que su participación, especialmente como vicepresidente, sería clave para derrotarlos”, expresó.
Aunque Álvaro Uribe no ha confirmado públicamente ninguna aspiración política, la declaración de su hijo ha generado reacciones en distintos sectores políticos y jurídicos, en medio de una coyuntura de creciente polarización.
El expresidente enfrentará juicio por los presuntos delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y manipulación de testigos, proceso que ha sido objeto de amplios debates y que ha marcado un hito judicial en la historia reciente del país. La decisión de fondo será anunciada el próximo 28 de julio, fecha clave para el futuro político y jurídico del líder del Centro Democrático.
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