El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez continuará privado de la libertad en su residencia mientras se define el futuro de la tutela interpuesta por su defensa. El Tribunal Superior de Bogotá rechazó la medida provisional que buscaba suspender la detención impuesta por la jueza 44 penal, Sandra Liliana Heredia.
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
En una nueva decisión clave dentro del proceso judicial que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió el lunes 4 de agosto de 2025 negar la solicitud de suspensión provisional de la medida de detención domiciliaria presentada por la defensa del exmandatario, encabezada por el abogado penalista Jaime Granados Peña.
La solicitud fue radicada mediante una acción de tutela, a través de la cual se pretendía dejar sin efectos, de manera inmediata, la medida de aseguramiento dictada por la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien en julio pasado condenó a Uribe en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, y ordenó su detención en el domicilio mientras se surten los recursos legales correspondientes.
Tribunal niega medida provisional: el argumento
La tutela fue puesta en conocimiento del magistrado Leonel Rogeles Moreno, quien tomó la decisión debido a que el magistrado Ramiro Riaño, asignado inicialmente al caso, se encuentra de permiso, luego de haberse declarado impedido anteriormente en febrero de este año por conflicto de interés.
En su decisión, Rogeles determinó que no se cumplen los criterios de urgencia, necesidad e impostergabilidad que exige la ley para acceder a una medida provisional de este tipo. Por ello, la solicitud fue rechazada:
“No decretar la medida provisional solicitada por el apoderado del ciudadano Álvaro Uribe Vélez. Comunicar al accionante y a su apoderado esta decisión por el medio más expedido y eficaz, y advertir que en su contra no proceden recursos”, dice la providencia.
¿Qué significa esta decisión para Uribe?
El efecto inmediato es que Álvaro Uribe deberá seguir cumpliendo la detención domiciliaria mientras se resuelve de fondo la acción de tutela. La defensa del exmandatario buscaba que, mientras se definía la constitucionalidad de la decisión judicial, se le permitiera continuar en libertad, argumentando que su detención era arbitraria y violatoria de sus derechos fundamentales.
Sin embargo, el Tribunal determinó que no existe una afectación de tal gravedad que justifique suspender la medida cautelar, lo cual representa un primer revés judicial en la estrategia de defensa del expresidente.
“Por el momento ninguna irregularidad se advierte que sea del calado necesario para estimar una afectación relevante a los derechos fundamentales del prenombrado”, concluyó el magistrado Rogeles en su decisión.
Argumentos de la defensa
El abogado Jaime Granados sostuvo en su recurso que la detención domiciliaria vulnera los derechos fundamentales de Uribe, entre ellos:
- El derecho a la libertad personal
- El derecho a la presunción de inocencia
- El derecho al debido proceso
- La garantía de dignidad humana
Según Granados, la medida de aseguramiento impuesta por la jueza Heredia es “arbitraria, sin fundamento y desproporcionada”, y su cliente no debería estar privado de la libertad mientras se analiza la validez del fallo y se resuelve la tutela.
Pese a estos alegatos, el magistrado Rogeles insistió en que la petición no cumple con los requisitos jurídicos para adoptar una medida provisional y recordó que este pronunciamiento no anticipa el fallo final sobre la acción de tutela.
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¿Qué viene ahora en el proceso?
Aunque la medida provisional fue rechazada, la acción de tutela sigue su curso. Será el magistrado Ramiro Riaño quien, una vez regrese de su permiso, deberá resolver de fondo si la medida de aseguramiento impuesta por la jueza Heredia vulneró derechos fundamentales del exmandatario.
Además, el equipo de defensa de Uribe radicará la apelación de la sentencia condenatoria antes del 13 de agosto, cuando quedará en firme el fallo de primera instancia. El mismo Tribunal Superior de Bogotá será el encargado de analizar la apelación y emitir un pronunciamiento definitivo en segunda instancia sobre el fondo del caso.
Contexto: la primera condena a un expresidente por la justicia ordinaria
Uribe Vélez, expresidente de Colombia entre 2002 y 2010, fue condenado en julio de 2025 por presuntamente haber incurrido en maniobras para manipular testigos y obstruir procesos judiciales en su contra. El fallo marcó un hito en la historia del país, al tratarse del primer expresidente condenado por la justicia penal ordinaria, luego de haber renunciado en 2020 al fuero constitucional que lo cobijaba como senador.
La condena generó amplio debate nacional y ha reactivado polarizaciones políticas, mientras el país observa con atención los pasos legales que se desarrollan alrededor del caso, en lo que muchos consideran el proceso judicial más importante contra un expresidente en Colombia.
Uribe sigue bajo arresto domiciliario
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá, aunque no es definitiva sobre el fondo del caso, deja claro que por ahora no hay lugar a suspender la detención. El expresidente Álvaro Uribe Vélez deberá continuar en su residencia bajo medida de aseguramiento, mientras se definen los recursos jurídicos en marcha.
Este pronunciamiento representa una derrota estratégica para la defensa y un momento clave en el devenir del proceso. El caso sigue su curso y el país, pendiente del desenlace judicial de una de las figuras más influyentes y controvertidas de su historia reciente.
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