El expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá una carta en la que renuncia de manera expresa a la prescripción de la acción penal dentro del proceso que se le adelanta por soborno en actuación penal y fraude procesal.
En el documento, el exmandatario asegura que no pretende beneficiarse de los plazos legales que lo eximirían de una decisión de fondo.
“La prescripción de la acción penal, que nunca he buscado y de la que no quiero beneficiarme, no puede privarle la oportunidad a la Sala de tener las condiciones materiales mínimas para proferir un fallo que, independientemente de su sentido, sea el resultado de un análisis sereno, ponderado e integral de la prueba”, escribió Uribe.
De igual forma, pidió a los magistrados que su caso sea resuelto con base en lo demostrado durante el juicio:
“Pido entonces, Honorables Magistrados, acepten, en los términos del artículo 85 del Código Penal, la renuncia que hago al derecho de verme favorecido por la prescripción de la acción penal y que adopten, en mi caso, la decisión de fondo que en derecho corresponda, conforme sólo a lo probado en juicio, a lo que ordena la ley y lo que sea justo”.
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La decisión del expresidente se conoce a mes y medio de que venza el plazo legal para que se profiera un fallo de segunda instancia que podría ratificar o tumbar la condena de 12 años de prisión que pesa en su contra.
¿Qué implica la renuncia a la prescripción?
Al renunciar a este beneficio, el proceso contra Uribe queda sin límite de tiempo para que se profiera un fallo definitivo. Esto significa que, incluso si vence el plazo legal, la justicia podrá tomarse el tiempo necesario para evaluar la decisión de segunda instancia e, incluso, un eventual recurso de casación.
El abogado Jaime Granados, defensor del expresidente, afirmó que la iniciativa surgió del propio Uribe: “Fue una idea original del presidente”.
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