Diario del Huila, Investigación
Carlos Andrés Pérez Trujillo
Hoy lunes se tendrían que reunir en Bogotá diversos organismos y entidades estatales que vigilan el cumplimiento del proceso de paz con las Farc-EP, con el propósito de verificar el cumplimiento del mismo.
La orden la impartió la Corte Constitucional a finales del año pasado en el Auto A1929-24, en el que, además, se relacionan los municipios de todo el país con más de 15 firmantes del Acuerdo de Paz y con alertas tempranas. En esta extensa lista parecen dos municipios del Huila: Algeciras y La Plata.
En esta providencia, la Corte Constitucional advierte de las alertas tempranas proferidas por la Defensoría del Pueblo sobre las personas en proceso de reincorporación, desde el 2018 hasta el 10 de noviembre de 2024. Allí también se relatan hechos victimizantes registrados por esta Sala, desde agosto de 2022 (fecha en la inició labores la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia SU-020 de 2022) hasta el 10 de noviembre de 2024.
En este grupo se encuentra los departamentos de Huila, Caquetá, Putumayo y Amazonas. Para esta zona la Defensoría del Pueblo emitió diecisiete alertas estructurales y nueve de inminencia sobre veintinueve municipios de esta macrorregión. Por su parte, esta Sala registró nueve homicidios en 2023, seis homicidios en el año 2024, dos casos de tentativa de homicidio 2022, dos desplazamientos colectivos y distintos hechos de amenazas, hostigamientos y estigmatización en los años 2023 y 2024 sobre la población firmante en proceso de reincorporación.
En este sentido, se han registrado tres homicidios en municipios de Huila y Caquetá entre 2023 y 2024, ocurrieron en lugares sin alertas tempranas previas emitidas por la Defensoría del Pueblo o en aquellos municipios que sí tenían alerta, pero no habían identificado riesgos para la población firmante de paz. Además, para el municipio de Belén de Andaquíes, Caquetá, donde la Corte registró un homicidio en 2023, la Defensoría emitió la alerta temprana 028 de 2020. No obstante, dicha alerta no advirtió riesgos para la población firmante del Acuerdo de Paz.
En otros casos, aunque la Defensoría había emitido alertas que incluían a los excombatientes entre los grupos en riesgo, la Sala de la Corte registró daños a sus derechos fundamentales. Por ejemplo, en 2024 hubo un homicidio de un firmante en El Doncello, Caquetá, a pesar de que el municipio tenía varias alertas desde 2020. Lo mismo ocurrió con el desplazamiento forzado colectivo de los habitantes de Miravalle, en San Vicente del Caguán.
Para la Corte es indispensable que las delegaciones de firmantes que trabajan en el monitoreo del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida o que se han pronunciado sobre su implementación participen en la sesión técnica y aporten su conocimiento al respecto. Especialmente, aquellas delegaciones que han participado en la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT). Asimismo, estiman necesaria la voz y las perspectivas de la población firmante de paz en relación con las posibles soluciones a los problemas identificados. Por tal razón, convoca a sus delegados ante la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), atendiendo a las funciones de estas instancias.
En todo caso, la Corte Constitucional señaló que estas sesiones son solo uno de los escenarios técnicos de diálogo. En ese sentido, reitera su interés por mantener el intercambio –a través de distintos medios y espacios– con las diversas agrupaciones de los firmantes del Acuerdo Final de Paz durante el seguimiento al estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia SU-020 de 2022.
La primera audiencia
La primera audiencia estaba programada -con calendario incluido- para este viernes en el Palacio de Justicia en Bogotá.
En este sentido, la crisis del Catatumbo también pasó por la agenda tratada por la situación de los exFarc. En este sentido, se señaló que este mes ha sido el más violento para estos integrantes desde 2017, año en que inició le proceso de reincorporación. Para este mes fueron asesinados nueve de ellos, lo que representa el 30 % del total registrado en todo 2024, año que había mostrado la cifra más baja.
Adicional a los ultimados, 12 subversivos más permanecen desaparecidos en una ola de violencia que expuso las fallas estructurales que aún no han sido plenamente conjuradas para garantizar su seguridad.
La Corte ayer señaló en la sesión técnicade seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022, la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los firmantes, sus familias e integrantes del partido político Comunes. Por esta razón declaró el estado de cosas inconstitucionales.
La audiencia contó con la presencia de la defensora del Pueblo, el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, comandantes de las Fuerzas Militares, entre otras y coincidió con la coyuntura del pico de homicidios registrado en la más reciente crisis de orden público en el Catatumbo, una escalada criminal que la magistrada Cristina Pardo, presidenta de la Sala Especial de Seguimiento, calificó de inaceptable.
El punto transversal sobre el que se evaluaron los avances y retos fue la implementación de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría para la protección de esta población, así como la interlocución con otras entidades como el ministerio de Defensa, el ministerio del Interior y la ARN.
Qué se dijo en la audiencia
En la diligencia de ayer la magistrada Cristina Pardo, presidenta de la Sala Especial de Seguimiento, se refirió sobre la actual situación en la región del Catatumbo, epicentro de una ola de violencia por la escalada del conflicto entre el ELN y las disidencias de las Farc, que se ensañó contra los firmantes.
En la audiencia se señaló a los firmantes de paz como uno de los “grupos sociales más vulnerables”, y resaltó que la Sala de Seguimiento les ordenó a distintas entidades del orden nacional, algunas de ellas hijas de los acuerdos de paz, “atender las situaciones de riesgo identificadas por el sistema de alertas tempranas para la región del Catatumbo en el auto 1273 de 2024.
“Hoy registramos los homicidios de al menos siete excombatientes de las extintas Farc-EP que estaban en proceso de reincorporación y que en su momento habían hecho parte del ETCR Caño Indio, en el municipio de Tibú norte de Santander (…) Estos crímenes son inaceptables y nos recuerdan dolorosamente la necesidad de una intervención institucional enfocada en el subcomponente de prevención y reacción de las garantías de seguridad para esta población”, señaló la magistrada Pardo.
