Un reciente informe de la JEP reveló que cada 48 horas un niño o niña es reclutado por grupos armados ilegales en Colombia. La práctica, lejos de desaparecer tras la firma del Acuerdo de Paz, ha mutado, ahora con el uso de redes sociales como TikTok para captar menores. El Huila aparece como uno de los departamentos priorizados por la magnitud del riesgo.
DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lanzó una grave alerta sobre el recrudecimiento del reclutamiento forzado de menores en Colombia, revelando que, desde la firma del Acuerdo de Paz en diciembre de 2016 hasta abril de 2025, al menos 1.494 niños y niñas han sido incorporados a la fuerza a grupos armados ilegales. Esta alarmante cifra, que equivale a un caso cada 48 horas, pone en evidencia una práctica que no solo no se ha erradicado, sino que ha evolucionado y se ha adaptado, ahora con un fuerte componente digital que amenaza a comunidades vulnerables, entre ellas, las del departamento del Huila.
Una herencia del conflicto que no termina
La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, órgano que funciona como fiscalía dentro del sistema de justicia transicional, realizó un exhaustivo informe sobre esta problemática, detallando cómo la práctica del reclutamiento, ampliamente empleada por las extintas FARC-EP —que habrían incorporado forzadamente a más de 18.667 menores antes del Acuerdo de Paz—, ha sido replicada por los grupos armados residuales, especialmente por las disidencias bajo el mando de ‘Iván Mordisco’.
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En su investigación, la JEP documentó cómo frentes como el Jaime Martínez, Dagoberto Ramos y Carlos Patiño encabezan las cifras de reclutamiento, actuando en territorios del suroccidente colombiano como Cauca y Valle del Cauca. Sin embargo, el fenómeno no es ajeno al Huila, que figura como uno de los tres departamentos priorizados —junto a Cauca y Nariño— por la magnitud y el riesgo de captación de menores tras la firma del Acuerdo.
El Huila bajo amenaza: la geografía del peligro
El departamento del Huila, si bien no lidera las cifras absolutas de reclutamiento, presenta condiciones de alta vulnerabilidad. Su ubicación estratégica en el sur del país, junto al Caquetá y el occidente del Meta, lo ha convertido en un territorio clave para los movimientos de los grupos armados ilegales, especialmente en las zonas rurales de municipios como Algeciras, Baraya, Tello, Colombia y La Plata.
En estas regiones, la ausencia de presencia institucional efectiva, la pobreza, la deserción escolar y la falta de oportunidades hacen que los niños y adolescentes sean blancos fáciles para la captación forzada. Además, según líderes comunitarios, persisten patrones heredados del conflicto, como la cooptación del control social a través de los menores: «Se llevan al hijo para dominar a la madre», relatan habitantes de la zona.
Nuevas formas de reclutamiento: el poder de las redes sociales
Uno de los aspectos más inquietantes del informe de la JEP es el uso sistemático de redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram para atraer y adoctrinar a niños, niñas y adolescentes. Los grupos ilegales han adaptado sus métodos a la era digital, creando cuentas con contenido que «normaliza, romantiza y promueve la vida armada», valiéndose de símbolos como emojis de tréboles, fajos de dinero, ninjas, y evitando palabras que puedan activar censura en las plataformas.
La JEP detectó 146 cuentas activas vinculadas a estas estrategias, que han alcanzado a más de 500.000 usuarios, con contenidos que en promedio han sido vistos más de 230.000 veces. Uno de los departamentos más afectados por este fenómeno es Cauca, pero Huila está dentro del radar por el creciente acceso a internet entre jóvenes en zonas rurales y periurbanas, donde la institucionalidad es débil y los referentes culturales alternativos escasean.
El riesgo simbólico: más allá de las armas
El reclutamiento no se limita al uso armado inmediato de los menores. La JEP advierte sobre un fenómeno más sutil pero igual de peligroso: la captación simbólica. Esto ocurre cuando los adolescentes son expuestos de forma constante a contenidos que exaltan la violencia, el poder de las armas y la vida de los «comandantes», generando identificación emocional con los victimarios.
Este tipo de manipulación no solo aumenta el riesgo de vinculación directa, sino que debilita los tejidos comunitarios, naturalizando la violencia como forma de ascenso social. «En qué momento se volvió tan normal saber que me pueden matar a balazos (…) hace años solo era un niño jugando fútbol», expresa uno de los contenidos analizados.
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Huila necesita atención urgente
La Jurisdicción exhortó al Gobierno Nacional a reforzar las estrategias de contención, con especial énfasis en los departamentos de Cauca, Huila y Nariño, donde el fenómeno de reclutamiento forzado ha mostrado mayor concentración en el periodo posterior al Acuerdo de Paz.
Particularmente, la JEP llamó la atención del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para fortalecer la estrategia «Las redes sociales no son como las pintan», una campaña pedagógica que busca contrarrestar los discursos de poder ligados a las armas mediante la promoción de otros referentes de éxito, liderazgo y pertenencia comunitaria.
En el caso del Huila, organizaciones sociales han reclamado mayor presencia institucional en zonas vulnerables, más inversión en educación rural y la activación de programas culturales permanentes que involucren a niños y adolescentes. “No basta con pintar murales de paz. Hay que llenar los territorios de oportunidades reales”, expresa un líder juvenil del municipio de Gigante.
Riesgos para la justicia transicional
La persistencia del reclutamiento forzado constituye, según la JEP, una violación a las garantías de no repetición pactadas en el Acuerdo de Paz y un obstáculo para la reparación integral de las víctimas. En zonas donde el conflicto continúa, las familias afectadas por este tipo de prácticas enfrentan temor, estigmatización y silencio, lo que impide su participación activa en los procesos de verdad y justicia.
En muchos casos, las madres son presionadas a no denunciar o incluso amenazadas para que colaboren con las estructuras ilegales. El reclutamiento se convierte así en una herramienta de control y dominación, que perpetúa el ciclo de violencia intergeneracional.
Llamado al país
Este informe de la JEP es más que una alerta técnica: es un grito urgente por la protección de la niñez colombiana. Los datos revelan una realidad atroz que se camufla tras la narrativa del posconflicto: los menores siguen siendo utilizados como carne de cañón, escudos humanos, mensajeros de guerra, y ahora, también, como objetos de propaganda digital.
Huila no puede seguir al margen de esta conversación. Como territorio profundamente afectado por el conflicto armado y con cicatrices aún abiertas, debe ser también protagonista en la construcción de soluciones, desde lo comunitario, lo cultural y lo institucional. La paz no será posible si los niños y niñas siguen siendo reclutados para la guerra.
Y mientras no se garantice su protección, cada 48 horas —como lo reveló la JEP— Colombia seguirá perdiendo una parte de su futuro.
