Presuntos tierreros han invadido fincas ganaderas en La Plata y La Argentina, Huila, generando alerta por el riesgo a la producción y la seguridad en una zona marcada por la presencia de grupos armados ilegales.
DIARIO DEL HUILA, HUILA
En el occidente del Huila, particularmente en las zonas rurales de los municipios de La Plata y La Argentina, se ha encendido una nueva alerta por la invasión de fincas ganaderas por parte de presuntos tierreros. La denuncia fue hecha pública por el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, a través de su cuenta en la red social X, donde expresó su preocupación por la creciente ocupación ilegal de predios productivos.
La región no solo es reconocida por su vocación ganadera y agrícola, sino también por la presencia de problemáticas históricas de orden público, derivadas de la actividad de grupos armados ilegales. En este contexto, la denuncia adquiere mayor gravedad, pues los hechos se registran en un territorio que ya enfrenta serias dificultades de seguridad y gobernabilidad.
La denuncia y la respuesta oficial
Según Lafaurie, varios predios ganaderos han sido invadidos por personas que, presuntamente, hacen parte de redes dedicadas a la ocupación ilegal de tierras, conocidas como tierreros. Estos grupos, en ocasiones, operan con fines económicos, políticos o de presión social, y en otras, podrían actuar como fachada de organizaciones criminales.
Ante la denuncia, el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, confirmó que la situación está en conocimiento de las autoridades y que se han coordinado acciones conjuntas con la Policía Nacional y el Ejército para atender el caso.
“Tenemos conocimiento de esta situación. Es un grupo de personas que ha invadido la finca El Cedro, en la vereda El Progreso, perteneciente al corregimiento de Belén, en el municipio de La Plata. Efectivamente, tuvimos comunicación con la Policía y el Ejército, pero, teniendo en cuenta los problemas de orden público en la región, se están adelantando las gestiones para ingresar a la zona y proceder con el respectivo desalojo”, declaró el funcionario.
Dificultades para el desalojo
El proceso de desalojo de los invasores no es inmediato. La presencia de grupos armados residuales, que han mantenido inestabilidad en esta parte del departamento, ha obligado a las autoridades a actuar con cautela. Casallas explicó que las condiciones de seguridad en el terreno deben ser garantizadas antes de cualquier operación, para evitar enfrentamientos o riesgos para la fuerza pública y la población civil.
La finca El Cedro, epicentro de la más reciente invasión, es solo uno de los casos que han sido reportados en la zona. La preocupación radica en que este tipo de ocupaciones, si no son controladas de forma oportuna, pueden extenderse a otros predios, generando un efecto dominó que impacte gravemente la economía ganadera local.
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Investigación sobre posibles vínculos criminales
Un punto clave que se encuentra bajo investigación es si las invasiones tienen relación con estructuras armadas ilegales que operan en la región. El secretario de Gobierno indicó que no se descarta que estas acciones sean instigadas o aprovechadas por dichos grupos, o que se trate de personas dedicadas exclusivamente a la ocupación ilegal para luego negociar con el propietario o con el Estado.
En el occidente del Huila delinquen varios grupos armados, entre ellos el frente Hernando González Acosta, perteneciente a las disidencias de las FARC. Este grupo ha sido señalado de cometer amenazas, extorsiones y presiones contra la población civil, con el objetivo de debilitar la presencia de la fuerza pública y favorecer sus operaciones ilegales.
Impacto económico y social
La ganadería es uno de los pilares de la economía en La Plata y La Argentina. Las invasiones, además de poner en riesgo la producción, afectan la confianza de los productores y pueden desincentivar la inversión en el campo. Un predio ocupado ilegalmente no solo deja de producir, sino que también expone a sus dueños a largos procesos judiciales para recuperar la propiedad, con pérdidas económicas que pueden ser millonarias.
Lafaurie, desde Fedegán, ha insistido en que este tipo de situaciones vulnera los derechos de los propietarios y envía un mensaje de inseguridad jurídica que pone en entredicho la estabilidad del sector agropecuario. “Es urgente que el Estado actúe con determinación para frenar estas invasiones y proteger a quienes trabajan y producen en el campo”, ha señalado en otras ocasiones.
Próximos pasos
Por ahora, las autoridades en el Huila continúan monitoreando la situación en La Plata y La Argentina. El objetivo inmediato es garantizar las condiciones para el desalojo de la finca El Cedro y prevenir que se presenten nuevas ocupaciones. Paralelamente, la investigación buscará esclarecer si los tierreros actúan de manera independiente o con el respaldo de estructuras criminales.
En un departamento marcado por la dualidad entre su riqueza productiva y los retos de seguridad, la invasión de tierras no solo es un problema legal, sino un desafío integral que pone a prueba la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos y garantizar el desarrollo del campo.
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