La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, entidad líder del gremio, puso en evidencia el impacto de la violencia en la infraestructura y el futuro de las regiones productoras de Colombia.
Mientras el país busca consolidar su transición energética y atraer inversiones en hidrocarburos, los ataques a la infraestructura crítica continúan al alza. En los primeros seis meses de 2025, el Ministerio de Defensa reportó 35 atentados contra instalaciones del sector petrolero, un panorama que no solo afecta la operación diaria, sino que amenaza seriamente la seguridad energética del país.
De esos ataques, 21 correspondieron a voladuras de oleoductos —un aumento de 600% frente al mismo periodo de 2024—, mientras que los 14 restantes fueron contra vías, lo que representa una disminución del 30% en ese rubro específico. Las cifras hacen parte del informe de seguimiento a indicadores de seguridad y resultados operacionales del ministerio, que evidenció cómo la infraestructura de transporte de hidrocarburos se convirtió nuevamente en blanco frecuente de grupos armados ilegales.
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Romper un oleoducto no solo implica suspender el bombeo, el impacto ambiental, el riesgo de incendios, los derrames de crudo y las pérdidas económicas son considerables. Las vías, por su parte, son esenciales para el traslado de insumos, personal y maquinaria. Su voladura genera una parálisis en la cadena logística que repercute en toda la operación extractiva.
Pero, la violencia no es el único problema. Según la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas -ACP, durante 2024 los bloqueos y vías de hecho en regiones productoras se dispararon en un 151%. Las interrupciones duraron entre cinco y diez días, afectando gravemente la producción, hasta 100.000 barriles diarios se dejaron de extraer en algunos casos.
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