El gremio de la infraestructura advirtió que el decreto del Gobierno para modificar las vigencias futuras pondría en riesgo la seguridad jurídica de las APP y generaría posibles faltas disciplinarias y fiscales para los funcionarios que lo suscriban.
DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
El gremio de la infraestructura encendió las alarmas frente al decreto que impulsa el Gobierno Nacional para reprogramar las vigencias futuras. Según la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), esta medida no solo sería ilegal, sino que también pondría en riesgo la credibilidad del modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP), considerado uno de los mayores logros en el desarrollo vial y social del país.
El Ministerio de Hacienda trabaja en un decreto que busca modificar la redistribución de las vigencias futuras, un mecanismo clave para financiar proyectos de infraestructura de largo plazo. Estas vigencias son compromisos presupuestales que garantizan recursos a concesiones y obras durante varios años, permitiendo la construcción de carreteras, viaductos, túneles y también infraestructura social.
La propuesta del Ejecutivo ha despertado rechazo en el sector privado y en expertos jurídicos. Para la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el decreto excede la competencia del Gobierno, pues regula materias que, por Constitución, solo pueden ser modificadas por el Congreso de la República.
Riesgos legales y disciplinarios
El presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, fue enfático: cualquier funcionario que firme este decreto estaría expuesto a faltas disciplinarias y fiscales. El dirigente recordó que la Contraloría General ya ha advertido que las vigencias futuras pactadas en los contratos de concesión no pueden modificarse de manera unilateral, ya que hacen parte de obligaciones contractuales respaldadas por ley.
“Lo más grave es que se abriría la puerta para que en futuros gobiernos se redistribuyan las vigencias a discreción, afectando la seguridad jurídica y la confianza en los contratos”, señaló Caicedo.
Impacto en las Asociaciones Público-Privadas
Las APP se han convertido en el modelo más exitoso de inversión en infraestructura en Colombia. Gracias a este esquema, en los últimos años se han construido más de 10.000 kilómetros de vías, incluyendo 1.000 kilómetros de viaductos y 50 túneles con estándares de ingeniería internacional.
Para la CCI, el decreto amenaza con debilitar la credibilidad de este sistema, que ha permitido superar décadas de rezago en obras estratégicas. “Si se expide el decreto, no solo se pondrían en riesgo proyectos viales, sino también iniciativas de infraestructura social que hoy dependen de este esquema de financiación”, recalcó el presidente del gremio.
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Un efecto directo en proyectos estratégicos
Uno de los casos más preocupantes es la licitación de la APP Popayán–El Estanquillo. Este proyecto depende casi en su totalidad de las vigencias futuras, pues cuenta con un solo peaje. Si los inversionistas perciben inestabilidad en las reglas de juego, podrían desistir de presentar ofertas.
“En ese escenario, el proceso podría declararse desierto, lo que sería un golpe al desarrollo de la infraestructura del país y enviaría una señal de desconfianza a futuros inversionistas”, advirtió Caicedo.
Alternativas y propuestas
Algunos exministros de Hacienda y Transporte han sugerido que el decreto incluya un mecanismo de redistribución de vigencias futuras por mutuo acuerdo entre el Estado y los concesionarios. Sin embargo, la CCI considera que esta fórmula tampoco resuelve los problemas de ilegalidad e inconstitucionalidad, ya que los contratos actuales ya incluyen cláusulas de ajuste pactadas entre las partes.
“Insistimos en que la solución no está en un decreto que desconoce la ley y los contratos, sino en una concertación seria entre Gobierno y sector privado para preservar el modelo de APP”, puntualizó el líder gremial.
Camino al diálogo
Por ahora, los concesionarios no han hablado de demandar al Estado, pero sí han hecho un llamado al diálogo. Desde la CCI se ha invitado a los ministros de Hacienda y Transporte a sentarse en una mesa técnica que permita encontrar una salida sin llegar a los tribunales de lo contencioso.
El Gobierno, según Caicedo, ha mostrado disposición inicial para reunirse, aunque aún no se concreta un encuentro definitivo. “La seguridad jurídica es la mejor manera de proteger un modelo que ha sido ejemplo internacional. No podemos debilitar un sistema que ha demostrado ser exitoso”, concluyó.
Lo que está en juego
El debate sobre las vigencias futuras no es un asunto menor. Lo que se discute va más allá de un decreto: se trata de la estabilidad de un esquema que ha permitido atraer inversión, generar empleo y dotar al país de infraestructura clave.
Expertos señalan que alterar las reglas de juego podría desencadenar un efecto dominó, frenando nuevas licitaciones, restando atractivo al país frente a inversionistas internacionales y comprometiendo proyectos en ejecución.
La discusión apenas comienza, pero la advertencia del gremio es clara: cualquier paso en falso puede costarle al país la confianza de un modelo que hoy es referencia en el mundo.
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