El presidente Gustavo Petro anunció la realización de una consulta popular para que los colombianos decidan sobre el futuro de sus reformas, tras el hundimiento de la reforma laboral en el Congreso. Como parte de esta estrategia, decretó el 18 de marzo como día cívico, garantizando que ningún trabajador pueda ser despedido por participar en la jornada. Sin embargo, la medida ha generado rechazo en varios territorios, donde mandatarios locales han asegurado que las actividades continuarán con normalidad.
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Uno de los primeros en pronunciarse fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien afirmó que la ciudad operará sin interrupciones y rechazó la iniciativa presidencial. En la misma línea, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advirtió que su administración no acatará la disposición y mantendrá la agenda establecida, incluyendo la entrega de obras de infraestructura.
Desde otras regiones del país también se han sumado voces en contra. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció que la ciudad seguirá operando con normalidad, mientras que en Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán rechazó la medida argumentando que los servicios ciudadanos no pueden detenerse. En Cali, Alejandro Eder enfatizó que garantizará el derecho a la protesta, pero sin alterar el funcionamiento de la ciudad.
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La polémica decisión de Petro ha generado un fuerte debate sobre la viabilidad de la consulta popular y el impacto económico del día cívico. Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como un mecanismo de participación ciudadana, los mandatarios locales advierten que puede afectar la productividad y la prestación de servicios esenciales. La respuesta de la ciudadanía el 18 de marzo será clave para medir el respaldo a las reformas propuestas por el Ejecutivo.
