Alcaldes extorsionados

Hemos sido reiterativos desde esta tribuna de opinión, que más del 70% de las actividades económicas que se desarrollan en el país, se sienten amenazadas por las bandas criminales que están utilizando métodos de presión para extorsionar a las personas naturales y al sector productivo, quienes son sometidas a la intimidación y a las amenazas terroristas, sino acceden a sus peticiones delincuenciales. Desde las bien estructuradas oficinas de la Dian que de manera ilegal han creado en las montañas, los obligan a subir para entregar fuertes sumas de dinero, a pesar de los ingentes esfuerzos que realizan las Fuerzas Militares y la Fuerza Pública, que busca contrarrestarlos. Pero el debilitamiento progresivo que ha presentado el sector de la Defensa, cuyo presupuesto para el presente cuatrienio se ha reducido en más de un 40%, lo cual ha incidido para que estas estructuras subversivas estén desbordando el accionar de los organismos de seguridad para contrarrestar este detestable delito, que está afectando a la mayoría de la población colombiana. Esta impotencia estatal para frenar esta detestable práctica, que le está generando una lesión enorme a la economía colombiana, por sus nefastas consecuencias para el fortalecimiento de la política fiscal del país.

Hasta un simple vendedor de cuajada o de plátanos, se ve obligado a tributar a las organizaciones criminales para ejercer su actividad informal; más de 300 alcaldes municipales se sienten amenazados y extorsionados por estas organizaciones criminales, de acuerdo con lo expresado por la Federación Nacional de Departamentos. En el Huila, 24 de los 37 burgomaestres están siendo amenazados y/o extorsionados por parte de las disidencias de las Farc, según Francisco Calderón Feriz, alcalde de Garzón y miembro de la junta directiva de la Federación Colombiana de Municipios, Fedemunicipios. Infortunadamente el gobierno nacional, no ha atendido este llamado de éstos, para que se fortalezcan la seguridad de estos servidores públicos que se encuentran inermes ante el avance delincuencial que está incidiendo para se cumplan sus políticas públicas en sus localidades.

Ahora que se avecina la jornada electoral para elegir el nuevo congreso de la República y al presidente de Colombia el próximo año, los aspirantes han expresado una mayúscula preocupación para adelantar sus campañas proselitistas en las zonas urbanas y rurales, donde tienen presencia estas organizaciones criminales. Muchos de estos mandatarios que han sido objeto de estas intimidaciones y hostigamientos, no se han atrevido a manifestarlo. Es una angustiante realidad que ha sido comunicada al Ministerio del Interior. Se espera que se atiendan cada una de las solicitudes que se tienen reportadas para la protección de éstos. Pero como si fuera poco, hasta la delincuencia común se ha involucrada para ejercer presiones ilegales a los burgomaestres. Hasta el momento el gobierno nacional no se ha pronunciado al respecto, el cual se encuentra pensando en cómo exportar tejido humano al sistema planetario.