La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el alcalde de Campoalegre, Huila, Víctor Ramón Vargas Salazar, y siete concejales, por presuntamente haber incurrido en una extralimitación de funciones al modificar la estructura presupuestal del municipio. La decisión se basa en que el Concejo habría delegado una facultad que, por mandato constitucional, es indelegable.
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el alcalde de Campoalegre, Huila, Víctor Ramón Vargas Salazar, y siete concejales del municipio, tras una presunta extralimitación de sus funciones al otorgar facultades al mandatario local para modificar el presupuesto municipal, una competencia exclusiva e indelegable del Concejo.
Presunta violación del ordenamiento jurídico
De acuerdo con el órgano de control, el Concejo Municipal habría trasgredido el ordenamiento jurídico al aprobar el Acuerdo 001 del 31 de enero de 2024, mediante el cual delegó en el alcalde la potestad de realizar modificaciones presupuestales sin limitaciones en objeto, cuantía o partidas presupuestarias.
Los concejales investigados son Ronal Eugenio Ferreira, José Santos Gracia Gutiérrez, Arizmendi Sánchez Marín, Elkin Mauricio Claros Méndez, Hernando Rodríguez Polanía, Omaira Polanía Navarro y Kevin Javier Torrejano Moreno, elegidos para el periodo 2024-2027.
Según la Procuraduría Provincial de Instrucción de Neiva, con la firma de este acuerdo, el Concejo se desprendió de una facultad que le es propia por mandato de la Constitución, incurriendo en una presunta falta disciplinaria grave.
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Argumentos de la Procuraduría
El Ministerio Público señaló que la autorización otorgada al alcalde en el Acuerdo 001 fue ilegal, ya que no estableció restricciones sobre el uso de los recursos municipales, permitiendo traslados y adiciones sin control. Además, la entidad recalcó que los investigados tenían el deber de interpretar de manera racional e integral la normatividad vigente, así como los postulados constitucionales que rigen las funciones de los concejos municipales.
En el caso del alcalde Vargas Salazar, la Procuraduría enfatizó que era jurídicamente inviable que solicitara al Concejo Municipal facultades transitorias para modificar el presupuesto de la vigencia fiscal 2024, pues esta es una competencia exclusiva del cabildo municipal, en concordancia con el principio de separación de poderes.
Posibles consecuencias
De comprobarse la falta, los funcionarios podrían enfrentar sanciones disciplinarias que van desde amonestaciones hasta la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos. La investigación continúa su curso y se espera que en los próximos meses se defina la responsabilidad de los implicados en este proceso.
Este caso pone en evidencia la importancia del cumplimiento de los principios de legalidad y autonomía de las entidades territoriales en el manejo de los recursos públicos, garantizando que las decisiones administrativas se ajusten a la Constitución y la ley.
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