La Defensora del Pueblo, Iris Marín, encendió las alarmas al advertir sobre una preocupante posibilidad en el convulsionado Catatumbo: una supuesta “alianza institucional” entre la fuerza pública y el frente 33 de las disidencias de las Farc. La funcionaria expresó su inquietud por los términos en que se establecería una zona de ubicación temporal para los integrantes de este grupo armado, quienes seguirían portando sus armas en medio de una zona poblada y en plena disputa territorial con el ELN.
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Según reveló Marín en entrevista con SEMANA, la misión de la fuerza pública sería garantizar la seguridad de esa zona de ubicación, donde convivirían civiles y actores armados ilegales que no han renunciado formalmente a las armas. “Ahí realmente no hay condiciones de seguridad, y la fuerza pública va a tener que entrar a proteger esta zona. Prácticamente, va a implicar una alianza institucional, va a tener que entrar a proteger a un grupo armado que no se ha desarmado y que está en guerra con otro grupo”, declaró.
A este escenario se suma otro problema que ha alertado a la Defensoría: la ausencia de un marco jurídico sólido que defina el procedimiento de transición hacia la legalidad de los integrantes del frente 33, así como los mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto. Hasta el momento, el Gobierno no ha explicado bajo qué condiciones legales se desarrollaría esta fase de ubicación ni qué garantías habría para las comunidades afectadas.
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En paralelo, la región vive una de sus etapas más cruentas. Desde el 16 de enero hasta el 8 de mayo, según cifras oficiales de la Gobernación de Norte de Santander, se han registrado al menos 127 muertes violentas, entre ellas las de cinco menores de edad y 12 miembros de la fuerza pública. Además, 66.150 personas han sido desplazadas y otras 11.490 permanecen confinadas, especialmente en el municipio de Teorama, epicentro del miedo colectivo. Mientras tanto, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del frente 33 no cesan, y ambos grupos han sido señalados de violaciones a los derechos humanos por organismos internacionales y por el propio Ministerio Público.
