POR: JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
Como se esperaba, el gobierno Petro y de paso Colombia, fue descertificado por los Estados Unidos de América; no se cumplió con los acuerdos internacionales para la lucha antinarcotráfico. Con trescientas mil hectáreas sembradas de coca, eliminada la fumigación aérea con glifosato, suspendida la extradición de los narcotraficantes, para abrirle espacio a la paz total, solidarizados y aliados con el narco gobierno de Venezuela, con el presidente buscando camorra al mandatario estadounidense, no podía ser menos, era una descertificación anunciada lo sorpresivo habría sido que no la efectuaran.
Para nada sirvieron los intentos de última hora del gobierno, anunciando que volvería a las aspersiones aéreas; ni la visita a USA de los alcaldes locales de Medellín y Cali llena de buenas intenciones, pero inocua para el tema de la descertificación; perdemos la mitad de los aportes que hacían los Estados Unidos y quedamos con un riesgo enorme de no obtener créditos en la banca internacional, con el voto negativo de los Estados Unidos de América.
La situación no puede ser peor, así el gobierno, con desfachatez, exprese que al que hay que descertificar es a los Estados Unidos, por perder la lucha contra el consumo; o señale con simpleza que habrá que cambiar de aliado; o que las ayudas que se pierden, habrá que suplirlas vía presupuesto; o que el inglés no debe ser el segundo idioma. Seguro que esta nueva situación le va a costar la visa a varios funcionarios del gobierno y va a incidir en las calificaciones al riesgo país por las calificadoras internacionales. Se rescata de esta debacle, que se reconoce el importante papel que juegan las autoridades locales y las fuerzas armadas.
A todo esto, se suma, que hasta el pasado 15 de septiembre tenía plazo el Congreso para aprobar el presupuesto presentado por el gobierno para el próximo año, donde propone gastos por 557 billones de pesos, es decir, crecen en un nueve por ciento, con respecto al año anterior; presupuesto que se encuentra desfinanciado en veintiséis billones de pesos. El presupuesto no ha sido aprobado.
El gobierno podrá acudir a la dictadura fiscal, es decir, ponerlo en vigencia por decreto; pero el gran problema será el proyecto de ley de financiamiento (reforma tributaria), que seguramente tampoco aprobará el Congreso; pero se le abrirá la puerta para efectuar los traslados que requiera, afectan el desarrollo de la infraestructura colombiana, incluyendo el metro de Bogotá. Acudir al endeudamiento, va a ser un tema difícil para el Estado, aunque ya sabemos, que al gobierno poco le importa mantener la regla fiscal. En síntesis, nos encontramos al borde del abismo.
Muchas enseñanzas democráticas nos quedan para los colombianos de estos lamentables episodios. Definitivamente, sin un manejo prudente, eficiente y razonable de los ingresos y gastos del Estado, es imposible construir democracia. Para un adecuado manejo de la hacienda pública, es indispensable tener como política pública esencial, que el sector privado pueda también intervenir en atender los servicios que requiere la comunidad, lo que no gusta al actual gobierno. Pero sobre todo, debemos mantener nuestros aliados de siempre y no repudiarlos para sostener ideologías trasnochadas.
