Por: Carlos Tobar
Desde hace muchos años alcaldes de varios municipios del país en contubernio con “empresarios privados” han convertido la prestación de algunos servicios públicos en un negocio altamente nocivo para las comunidades que caen en sus garras.
Han utilizado para sus desaguisados la tronera legal que encontraron en la ley 142 de 1994, conocida como “ley de servicios públicos domiciliarios”. Una norma que, buscando la modernización de los servicios de agua y alcantarillado, energía (electricidad y gas), aseo y alumbrado público, permitió la participación de particulares. Para facilitar esa participación, la legislación fue modificada de forma tal que, la administración y los negocios de servicios públicos se rigen por las normas del derecho privado de sociedades.
Este derecho particular no tendría nada de raro si manejara exclusivamente recursos del sector privado, pero en el mejor de los casos el capital de ese tipo de sociedades es mixto, cuando no mayoritariamente públicos. Esas son las previsiones que, desafortunadamente en la ley y sus normas reglamentarias no quedaron claramente especificadas.
En energía (electricidad y gas), así como en acueducto y alcantarillado, por el volumen de las inversiones, las normas desarrolladas a lo largo de los 30 años que lleva en operación esos servicios, ha sido prolífica y detallada. No así en aseo y alumbrado público. Tanto la Creg como la Cra, las comisiones especializadas creadas para expedir las regulaciones respectivas han desarrollado una legislación detallada en esos servicios principales.
En aseo y alumbrado público desafortunadamente no es así. Eso ha permitido que unas empresas de inversionistas privados, constituidas como verdaderos monopolios, desde la misma década de los 90 del siglo pasado, hayan convertido esos servicios públicos en fuentes de ganancias extraordinarias a costa de los usuarios. Estos están sometidos a tarifas abusivas, no vigiladas rigurosamente en la práctica.
Casos como los de aseo y alumbrado público en Neiva, o aseo en Pitalito y Garzón, son ejemplos claros de este tipo de negocios leoninos. La comunidad los sufre pagando tarifas abusivas.
El caso sobre el que quiero llamar la atención es la propuesta del alcalde de Garzón de privatizar, mediante una empresa de economía mixta, el alumbrado público. Miremos algunos datos generales: en el año 2024 el municipio recibió por el impuesto de alumbrado público $4.627. 718.608, más o menos $385 millones mensuales. Una cifra no menor. Si se descuenta el valor de la energía a pagar y los mantenimientos anuales de la actual infraestructura, deben quedarle a la empresa de servicios públicos de Garzón entre 100 y 150 millones por mes. La información verbal del alcalde es que si acaso quedan 50 millones.
Ocultar información o distorsionarla es una de las maneras de abrirle paso a la propuesta privatizadora. Otra es ofrecer a estratos bajos el cobro de bajas o nulas tarifas. Además de magnificar las inversiones que debe hacer el concesionario privado. De esa manera, se llega a una conclusión absurda: el negocio es malo para los usuarios, pero buenísimo para el inversionista privado.
Es tan jugoso que, en el caso de Neiva, con una concesión entregada en el año 2022, el concesionario va a manejar a lo largo de 15 años ingresos brutos cercanos a un billón de pesos. En una sociedad donde el municipio puso las redes existentes, los clientes y los usuarios sin que el valor real de estos activos tangibles como intangibles fueran debidamente valorados. Literalmente, un negocio hecho con la cédula.
