Por: Felipe Rodríguez Espinel
En un país donde la movilidad social aún depende crucialmente del acceso a la educación superior, las recientes decisiones sobre el financiamiento educativo representan un preocupante retroceso en materia de derechos. La situación actual del ICETEX evidencia una de las más claras contradicciones entre el discurso y la práctica gubernamental que Colombia ha experimentado en años recientes.
Los compromisos públicos expresados por el presidente Petro en noviembre de 2024 sobre mantener los subsidios han quedado en el vacío de la retórica política. Apenas tres meses después, 327.000 estudiantes y egresados enfrentan una realidad financiera radicalmente distinta, eliminación de subsidios, incremento de tasas de interés y reducción dramática en la oferta de nuevos créditos.
Esta crisis revela un patrón problemático en la implementación de políticas públicas educativas. Mientras se construyen narrativas sobre el fortalecimiento de la educación pública y gratuita, se desmantelan silenciosamente los mecanismos existentes de financiamiento sin asegurar alternativas efectivas. La consecuencia es un peligroso vacío que profundiza las brechas de inequidad.
La reducción del 80% en la adjudicación de créditos para 2025 representa una alarmante señal de contracción del acceso educativo. Más preocupante aún, es la eliminación de los créditos a largo plazo, tradicionalmente dirigidos a estudiantes de estratos socioeconómicos bajos, quienes carecen de capacidad para asumir pagos inmediatos.
Con el manejo de esta crisis, se ilustra también una falla sistemática en el diseño de transiciones de política pública. Si el objetivo era migrar hacia un modelo de educación pública gratuita y universal, cualquier desmonte del sistema de créditos debió ejecutarse gradualmente y solo después de consolidar alternativas accesibles. Las transiciones abruptas en sistemas de financiamiento educativo típicamente resultan en interrupciones de trayectorias académicas y exclusión de poblaciones vulnerables.
Ahora las tasas de interés incrementadas significativamente, representan una carga financiera insostenible para las familias de clase media y baja, especialmente en un contexto de recuperación económica postpandemia aún frágil. Este escenario aumenta el riesgo de moratorias masivas que podrían afectar la sostenibilidad del mismo ICETEX a largo plazo.
El sentimiento de abandono institucional de los estudiantes afectados es generalizado, pues fueron los jóvenes, quienes constituyeron una fuerza electoral determinante en los comicios presidenciales. La percepción de cambio de reglas durante el juego deteriora la confianza ciudadana en las instituciones públicas, un activo intangible esencial para la gobernabilidad democrática.
La actual administración enfrenta una disyuntiva crucial. Rectificar estas decisiones para honrar sus compromisos iniciales o enfrentar las consecuencias políticas y sociales de una generación de jóvenes que ven truncadas sus aspiraciones educativas. La historia demuestra que pocos temas movilizan tan efectivamente a la población como las barreras al acceso educativo.
Colombia necesita urgentemente un debate público transparente sobre el financiamiento de la educación superior que trascienda los ciclos electorales y las confrontaciones ideológicas. El futuro de una generación y la competitividad del país no pueden seguir siendo rehenes de la improvisación y las contradicciones en la implementación de políticas públicas educativas.
