Un video viral destapó un nuevo caso de presunta corrupción en el sur del Huila. La funcionaria fue suspendida mientras avanza la investigación y el alcalde de Pitalito envió un mensaje de cero tolerancia contra estas prácticas.
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
La tranquilidad de un control de tránsito en las vías de Pitalito se transformó en polémica luego de que un video se hiciera viral en redes sociales. En la grabación, realizada por un ciudadano, se observa a una agente del Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito (Intra) aparentemente recibiendo dinero de un conductor para evitar la imposición de una multa.
El hecho encendió las alarmas en la comunidad y obligó a las autoridades locales a pronunciarse. El alcalde de Pitalito, Yider Luna Joven, confirmó la suspensión temporal de la funcionaria mientras avanzan las investigaciones correspondientes. “El mensaje es claro: no vamos a permitir que la corrupción tenga cabida en nuestra administración”, sentenció el mandatario.
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Alcaldía toma medidas inmediatas
De acuerdo con Luna Joven, la decisión busca enviar un mensaje de firmeza frente a cualquier conducta irregular dentro de la administración pública. En sus declaraciones del 8 de septiembre de 2025, ordenó a la directora del Intra apartar a la funcionaria de sus funciones, en tanto se desarrollan las indagaciones que permitan establecer responsabilidades.
“La transparencia institucional es innegociable. Acompañaremos el proceso hasta garantizar que la claridad y la rendición de cuentas sean totales”, afirmó el alcalde, quien también advirtió que, de confirmarse las irregularidades, se tomarán decisiones contundentes.
Corrupción en la movilidad: un fenómeno recurrente
El caso de Pitalito no es aislado. Situaciones similares se han registrado en distintas ciudades del país. En Girón (Santander), en febrero de 2025, otro agente de tránsito fue grabado recibiendo dinero en plena vía, lo que derivó en su suspensión inmediata.
En Cartagena, mayo de 2023, la indignación ciudadana estalló cuando un video mostró a una agente aceptando 100.000 pesos de una conductora para evitar la inmovilización de su vehículo. En El Carmen de Viboral (Antioquia), abril de 2024, la Personería abrió una investigación contra una funcionaria que habría recibido dinero escondido entre los documentos del carro.
La capital del país tampoco ha estado exenta. En Bogotá, en enero de 2024, un policía de tránsito fue capturado por la Fiscalía Militar tras exigir cuatro millones de pesos a una conductora para no suspenderle la licencia.
Estos episodios han incrementado la desconfianza ciudadana hacia las instituciones de movilidad y han generado reclamos urgentes por mayor control y vigilancia a los funcionarios encargados de garantizar la seguridad vial.
Lo que dice la ley
En Colombia, recibir dinero o dádivas a cambio de omitir un deber oficial constituye un delito de cohecho propio, regulado en el artículo 405 del Código Penal. La norma establece penas entre 5 y 8 años de prisión, multas de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo.
Si el dinero se recibe para realizar actos propios de las funciones asignadas, se configura el cohecho impropio, contemplado en el artículo 406, con sanciones que incluyen de 3 a 6 años de cárcel y multas similares.
Incluso, el artículo 419 amplía el rango de penalizaciones, contemplando condenas de hasta 12 años de prisión y multas que pueden llegar a 150 salarios mínimos. Esto deja en evidencia que, más allá de la sanción administrativa, la funcionaria implicada en Pitalito podría enfrentar un proceso penal con consecuencias severas.
Transparencia como mensaje a la comunidad
El alcalde Luna Joven recalcó que el compromiso de su administración es preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. “Nuestra obligación es clara: garantizar que los servidores públicos actúen con integridad. Este caso será investigado hasta las últimas consecuencias”, concluyó.
La comunidad laboyana, por su parte, se mantiene a la expectativa del avance de las investigaciones y de las decisiones que se tomen en torno a un hecho que, aunque lamentable, podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción en el sur del Huila.

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