Se cumplen 10 días de los bloqueos en las principales vías del país, por el paro de los arroceros, que cada vez se está intensificando ante la negativa del gobierno nacional para llegar a un acuerdo que permita brindarles respuestas positivas a todos los productores del grano, que exigen un apoyo de 25 mil pesos por carga de este grano. Infortunadamente las improvisaciones en la toma de decisiones gubernamentales, ha venido generando inconformismos en los diferentes sectores gremiales y de las comunidades en general, por el permanente incumplimiento de las promesas que ha venido realizando  en los diferentes escenarios donde tiene la oportunidad, de compartir con las organizaciones sociales. De lo dicho a lo hecho hay mucho trecho, así lo expresaban nuestros ancestros. Toda política pública que se vaya a implementar debe ir siempre planificada y soportada financieramente. Estas fallas se han vuelto rutina al interior del gobierno nacional, debido a la incoherencia al plantearlas, porque no se ajustan a la realidad nacional, ni se tienen encuenta el pensamiento de los demás sectores políticos que no acompañan a la administración. Y como si fuera poco, las limitaciones presupuestales que se han venido agudizando durante los últimos dos años, por factores que hemos analizado en estas líneas editoriales anteriormente, contribuyen a profundizar estos conflictos.

No hay derecho que dichos sectores poblacionales, a través de estos comportamientos irracionales, estén afectando a la mayoría de los habitantes del territorio colombiano y con sus efectos dañinos a la dinámica productiva del país. Han bloqueado algunas vías de Huila, Tolima, Meta Casanare, Sucre, Cesar, y otras regiones del país, a pesar de que se mantienen los diálogos sin éxito alguno. Lo anterior debido a que los manifestantes piden la anterior exigencia y otras que se han planteado en las mesas de trabajo ante las instancias nacionales, las cuales son imposibles, dada la coyuntura fiscal difícil que presentan las finanzas del gobierno central. Hay que rechazar, como siempre las vías de hecho a las que han recurrido éstos.

Los efectos colaterales se vislumbran en todas las actividades económicas. Los precios de los alimentos se han incrementado, el sector transportador está perdiendo diariamente más de 160 mil millones de pesos diarios, los hoteles han reducido su capacidad mínima por la falta de la llegada de turistas, en fin, la demanda agregada se ha disminuido ostensiblemente, lo cual va a permear negativamente el recaudo de los ingresos tributarios, en el país y los entes territoriales. Podemos afirmar, que lo grave de estas protestas, es la presión popular que es el precio que toda la sociedad tendrá que asumir por la insatisfacción en la demanda de bienes y servicios. Se debe concertar con realismo, es lo ideal. El reto es encontrar el fiel de la balanza, y la clave está en una virtuosa y ejemplar gestión gubernamental.