AMADEO GONZALEZ TRIVIÑO
El país se encuentra a la expectativa de lo que ha de ser una sentencia penal a proferirse en los próximos días, empezando por advertir el sentido del fallo, y quizá conocerse el texto integral de la sentencia proferida contra un dirigente político de éste país.
Esa decisión que corresponde a una de las ramas públicas, como lo es la rama jurisdiccional, y que debería ser en términos generales propio de su estirpe y de su independencia y con ello, merecen el respeto y la autonomía en sus decisiones, ha terminado por llegar a constituirse en un fenómeno político, con implicaciones económicas y de relaciones internacionales, que constituyen una afrenta a nuestra independencia, a la organización del Estado Social de Derecho y sobre todo, de respeto a nuestra institucionalidad.
Una decisión judicial que ha de adoptarse, donde se puede esperar un fallo condenatorio, absolutorio, ser parcial en algunos comportamientos de los que se acusan al procesado y/o quizá generador de algún estudio que reclame una nulidad procesal por vicios que se encuentren en el curso del mismo, es una decisión que sobre el panorama real y jurídico, solo se corresponde con el debido proceso penal y la aplicación de las normas que en su momento, constituyeron junto con el material probatorio, la base de su generación y de su desarrollo, y debería ser ese el único propósito y motivo que concitara el interés de las comunidades.
Sin embargo, ésta decisión por tratarse de un procesado que se constituye en un líder de la oposición política actual, que ha generado mucha controversia a lo largo de su vida pública y a quien se le señala a cada instante con comportamientos que según se dice, han lesionado intereses particulares o de derechos humanos, adquiere una trascendencia y se le quiere presentar por parte de sus seguidores y de su misma manifestación pública, como víctima de una persecución ideológica y como forma de una retaliación por su postura política y la forma como sabe direccionar a la opinión pública nacional, han terminado por generar un sinsabor al proceso y generar toda clase de suspicacias que lesionan y contravienen nuestro ordenamiento jurídico.
Finalmente se destaca como a nivel internacional y de relaciones públicas, como ya lo hizo el gobierno de Trump con quienes han procesado al expresidente Bolsonaro en el Brasil, se anuncia que el gobierno norteamericano cuestiona este proceso penal colombiano e incluso cuando se debaten contextos de apoyo a la economía colombiana en sus procesos sociales y de lucha contra la producción de estupefacientes o de solidaridad social, se pregona reducción de aportes o de sumas de dinero destinadas como ha sido la tradición, al gobierno colombiano.
Lo evidente que se ha de producir un fallo, un fallo que debe consultar el espíritu constitucional y legal en procura de darle legitimidad y refrendar la autonomía del poder judicial, amén de todas las formas de irrespeto y de interferencia que hasta el momento se han presentado y como se han manejado en otros tiempos por los encargados de la administración de Justicia. Es buena hora de recuperar un espacio y generar un mensaje de tranquilidad y de eficiencia, que solo se logran en la medida en la que haya correspondencia con el debate jurídico probatorio recaudado y que sin tener en cuenta las características de los sujetos procesales en el contexto de la actividad pública, se adopten sus decisiones y aquellas características de su personalidad, sean analizadas en el momento de la aplicación de las medidas sancionatorias o correctivas en el evento de que se aplicara o se llegara a condenar al procesado.
De lo contrario, creemos que las decisiones que se adopten, deben tener la suficiente claridad y precisión para que utilizando el lenguaje común, la palabra directa, la forma concreta y sencilla de una sentencia clara y precisa, de fácil interpretación por cualquier ciudadano, y sin elucubraciones o transcripciones filosóficas o de contenido abstracto y simbólico, se pueda precisar y dar las razones para la decisión que se adopte, de tal forma que el lenguaje sea convincente y capaz de mantenerse incólume ante las instancias que hayan de revisarlo por la vía de los recursos ordinarios o extraordinarios con que se cuenten.
Es hora de repensar en la patria, antes que en los personajes, es hora de corresponder con aquellas teorías que acerquen un poco más la justicia a lo justo y que no se repita en el escenario de la vida cotidiana, ese manido recuento de que estamos en presencia de una pantomima de justicia injusta capaz de generar malquerencia por los operadores judiciales que se dejan manipular por el populismo o por la prensa amarillista, como lo hemos vivido aún.
