Por: Ernesto Cardoso Camacho
No se trata de ser reiterativos o monotemáticos en la observación de lo que ocurre en el escenario nacional de la actividad política, se trata de procurar una visión crítica fundamentada en los hechos que generan los actores políticos que trascienden a las instituciones de nuestro sistema democrático.
En la pasada columna anunciaba que la vacancia generada en el CNE por la renuncia intempestiva de quien fungía como presidente del organismo electoral doctor Cesar Louduy, en representación de Cambio Radical, sería ocupada por el candidato cercano al presidente Petro, hecho que se materializó el pasado martes por el congreso en pleno.
Ya existe suficiente evidencia que permite establecer que la convocatoria y la fecha de la elección fueron oportunamente notificadas a cada uno de los partidos con representación en el Congreso; que se postularon solamente dos candidatos y que el elegido doctor Echeverry, fue postulado por Colombia Justa Libres y había sido secretario del partido de la U, razón por la cual tenía cercanía personal y política con el ministro Benedeti, quien desde luego impulsó su elección en el congreso.
La inevitable consecuencia de esta decisión política, es que se modifica sustancialmente la mayoría calificada en el seno del CNE, para que una vez surtidas las pruebas pendientes de practicar en la investigación sobre los gastos de la campaña presidencial y contra el presidente Petro; anunciados por el propio Consejero dimitente hace apenas unos 4 meses, cargos derivados de la investigación preliminar adelantada por los Consejeros Ortiz y Prada; hecho que fuera motivo de la gran discusión política replicada por los medios nacionales y que le sirvió al presidente Petro como argumento para hablar del “golpe blando”, con el cual se acrecentó la polarización ideológica y política que venimos padeciendo, muy probablemente termine en una decisión administrativa de revocación o en su defecto en prescripción, donde el gran ganador será sin duda alguna el presidente Petro.
Al tiempo se ha conocido que la tutela formulada por el apoderado del presidente Petro contra el concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con la cual este organismo avaló el pliego de cargos del CNE, fue seleccionada por la Sala de Revisión de la Corte Costitucional y repartida al huilense Bladimir Fernandez, quien hace apenas 9 meses fue elegido por el Senado como magistrado de dicha Corte, candidatura postulada por el presiente Petro pues Fernández fungía en ese momento como Jefe Jurídico de la Presidencia.
Estos dos hechos que desde luego deben ser observados y analizados con rigor objetivo, tienen sin duda una estrecha relación política que permite presumir que pueden ser producto de acuerdos por debajo de la mesa; entre el gobierno y los partidos de oposición, específicamente de Cambio Radical; pues ya se sabe que teniendo el derecho a postular el reemplazo de Lourduy, renunciaron al mismo a cambio de asegurarse la presidencia de la Cámara en el último período de esta legislatura.
Ahora se denuncia por la revista Semana que, según versión entregada en la Corte Suprema de Justicia por la exconsejera presidencial Sandra Ortíz, imputada y en juicio por el gran escándalo de corrupción de la UNGRD, la elección del magistrado huilense Bladimir Fernández realizada por amplia mayoría en del Senado, se financió con recursos derivados de tal escándalo de corrupción.
Los ciudadanos de a pie como dicen ahora, hemos quedado una vez más perplejos por el grado de componendas, negociaciones y hechos de corrupción que con frecuencia ocurren entre los políticos que ejercen el poder en el congreso. Lo grave del asunto es que dicen defender las instituciones y la democracia, pero con tales actos como los mencionados, lo que están haciendo es destruirlas, pero sobre todo engañando y abusando de la buena fe de los colombianos.
En estas circunstancias debe quedar claro que el único partido y su bancada en el congreso que ejerce una real oposición al gobierno Petro es el CD, hecho que permite sustentar entre otras consideraciones, que el juicio político del que es víctima el expresidente Uribe, tiene su inocultable tufillo de retaliación ante la férrea posición asumida por éste frente a la izquierda radical hoy en el poder.
