En un paso importante hacia la paz, los delegados del Gobierno y el grupo guerrillero Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) anunciaron el sábado 14 de diciembre de 2024 una serie de acuerdos con el propósito de reducir las acciones violentas en el sur del país. Dentro de los compromisos destacan la implementación de un programa piloto para la erradicación de cultivos ilícitos, con la meta inicial de reducir 3.000 hectáreas de coca en Nariño y Putumayo.
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El acuerdo también incluye la creación de una subcomisión jurídica para abordar la situación legal de los miembros de la CNEB, la organización de un encuentro con líderes de Putumayo en enero de 2025, y el compromiso de respeto hacia la población civil y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, se confirmó que no se pactó un cese bilateral al fuego, limitándose a un cese unilateral por parte del grupo insurgente, según declaró el jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa.
Pese a la ausencia de un cese al fuego bilateral, el Gobierno se comprometió a retomar las gestiones necesarias para suspender operaciones militares ofensivas, siguiendo los lineamientos del acuerdo de Caracas firmado en junio de 2024. Ambas partes reiteraron su intención de avanzar en acuerdos de paz que beneficien a las comunidades afectadas por el conflicto y se comprometieron a una nueva sesión de trabajo en Bogotá a inicios de 2025.
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Este proceso cuenta con el respaldo de observadores internacionales, la Conferencia Episcopal, y las autoridades locales de Nariño y Tumaco, fortaleciendo las bases para un posible acuerdo definitivo. Sin embargo, persisten desafíos que deberán ser abordados en las próximas reuniones para garantizar una paz duradera.
