En un avance significativo para los derechos de los animales en Colombia, el Congreso aprobó por unanimidad la Ley Ángel, una normativa que se posiciona como la herramienta legal más importante en el país para combatir las formas más graves de violencia contra los animales. Esta ley introduce medidas penales, policivas y pedagógicas que buscan garantizar la protección y el bienestar de los animales en todo el territorio nacional.
La Ley Ángel establece un endurecimiento de las penas para quienes cometan actos de crueldad animal. Entre las disposiciones más destacadas, se encuentra el aumento de la pena privativa de la libertad para quienes maten con dolo a un animal, lo lesionen gravemente o lo sometan a abuso sexual. Estas penas superarán los tres años de prisión, lo que implica que estos delitos dejarán de ser excarcelables. Además, las multas económicas también se incrementarán de manera significativa, pasando de cinco salarios mínimos mensuales a un rango de 15 a 30 salarios mínimos en casos de lesiones graves, y de 30 a 60 salarios mínimos cuando el acto resulte en la muerte del animal.
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La normativa introduce nuevos agravantes para los delitos contra los animales. Entre ellos, se incluyen la violencia vicaria, que se refiere al uso de un animal como medio para causar daño emocional a otra persona, la difusión de pornografía o escenas de violencia animal, y la agresión a animales en el contexto de actividades económicas. También se sancionará la mutilación de animales, entre otras conductas.
De igual modo, la ley contempla penas accesorias, como la prohibición de tener animales durante un período que puede extenderse hasta el doble de la pena principal. Asimismo, se establece la inhabilidad para ejercer profesiones u oficios relacionados con animales, lo que busca evitar que los condenados puedan reincidir en sus conductas. También se creará un registro de personas condenadas por delitos contra los animales, el cual estará a cargo de la Fiscalía y la Policía Nacional.
Otro aspecto innovador de la Ley Ángel es la obligación de la Fiscalía de desarrollar guías técnicas forenses que permitan a cualquier médico veterinario del país emitir dictámenes periciales que sirvan como prueba en los procesos judiciales. Esto responde a una problemática actual, ya que muchos casos de maltrato animal no prosperan debido a la falta de soporte técnico adecuado.
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