En las últimas horas se conoció que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional tendrán que responder a la Contraloría General de la República la titularidad de la aeronave que se usó recientemente con destino a la ciudad de Barranquilla. Asimismo, el jefe de la cartera del Interior ha sido cuestionado.
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La solicitud de información a estas entidades las hizo la Contraloría General de la República por medio de la delegada para el sector Defensa. De este modo, fueron emitidos requerimientos oficiales a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior. “Con el fin de esclarecer posibles irregularidades detectadas a través de información difundida por medios de comunicación de alcance nacional”.
Por un lado, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional deberán entregar información tras las denuncias del uso de una aeronave oficial para el transporte de “influencers”, supuestamente, cercanos al Gobierno.
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Además, el ente de control solicitó datos sobre el uso misional de la aeronave, la lista de pasajeros, los costos del vuelo y el sustento normativo o administrativo de dicha operación. Así como el Ministerio del Interior deberá precisar “si existe algún convenio o contrato vigente que permita ese tipo de utilización de bienes públicos, y quién asumió los costos del traslado.”
