Un grupo de 115 economistas, exministros y líderes gremiales encendió las alarmas alrededor del salario mínimo para 2026. En una carta pública pidieron que la negociación no se base en impulsos políticos, sino en criterios técnicos, advirtiendo que un aumento desbordado podría disparar la informalidad, frenar el empleo y presionar al alza los precios.
DIARIO DEL HUILA, ANALISIS
El debate sobre el salario mínimo para 2026 se ha convertido, una vez más, en uno de los temas económicos más sensibles del país. Las expectativas sociales, los cálculos técnicos, las presiones políticas y la fragilidad del mercado laboral colombiano confluyen en una discusión que, lejos de ser rutinaria, tiene implicaciones profundas sobre la vida de millones de personas. En medio de este panorama, un grupo de 115 expertos —entre exministros, economistas, líderes gremiales y académicos— publicó una carta abierta en la que exhortan al Gobierno, sindicatos y empresarios a negociar con “responsabilidad” y con fundamento técnico el nuevo salario mínimo.
El mensaje central es claro: cualquier aumento debe estar alineado con las realidades de la economía, especialmente con la inflación y la productividad. Ir más allá de esas variables podría, según advierten, generar efectos contraproducentes como el aumento de la informalidad, la pérdida de empleo formal y presiones inflacionarias que terminarían golpeando, paradójicamente, a quienes se busca beneficiar.
El contexto: entusiasmo político vs. advertencias técnicas
La discusión tomó un giro inesperado cuando el ministro del Interior, Armando Benedetti, propuso elevar el salario mínimo —incluido el auxilio de transporte— hasta 1,8 millones de pesos. Se trataría de un incremento de alrededor del 11 %, muy por encima de lo que históricamente se ha concertado en el país.
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Aunque la propuesta generó entusiasmo en muchos sectores de trabajadores y en algunos sindicatos, los expertos ven en ella un riesgo económico considerable. Colombia, recuerdan, es un país donde el 55 % de los trabajadores es informal, una cifra que llega al 80 % en el sector rural. Por cada trabajador formal que devenga el mínimo, existen cuatro informales que se sostienen en medio de la precariedad laboral. Ante ese escenario, imponer aumentos demasiado altos podría empeorar la fragilidad del mercado laboral en vez de corregirla.
Los firmantes del llamado
La carta está suscrita por personalidades con amplia trayectoria y peso técnico: exministros de Hacienda como José Antonio Ocampo y Rudolf Hommes; líderes gremiales como Germán Arce y Gustavo Morales; y economistas reconocidos como María Mercedes Cuéllar y Carolina Soto. También la apoyan figuras como Juan José Echavarría, Rosario Córdoba, Sylvia Escovar, Alejandro Gaviria, Ana Fernanda Maiguashca, Juan Ricardo Ortega, Francisco José Lloreda, José Ignacio López, Roberto Steiner y María Fernanda Suárez.
El carácter transversal de las firmas —que incluye voces de diversos sectores políticos y económicos— refuerza la idea de que no se trata de una defensa ideológica, sino de una advertencia técnica frente a los riesgos de decisiones apresuradas o guiadas por expectativas políticas.
El corazón de la advertencia: inflación y productividad
Los expertos coinciden en que la negociación del salario mínimo no puede basarse exclusivamente en la necesidad social —que es evidente— sino en parámetros fundamentales: inflación observada, inflación esperada y productividad laboral. Estos son los indicadores que tradicionalmente orientan el ajuste del mínimo y que garantizan, en la medida de lo posible, que el incremento no desborde lo que las empresas pueden pagar sin afectar la estabilidad del empleo.
Un aumento desbordado podría traducirse en:
1. Mayor informalidad laboral.
Cuando los costos laborales crecen más rápido que los ingresos de las empresas, muchas terminan contratando por fuera de la formalidad para evitar cargas adicionales. En Colombia, donde la informalidad ya ronda niveles altísimos, un aumento excesivo podría agravar el problema.
2. Cierre de pequeñas empresas.
Buena parte del aparato productivo colombiano está compuesto por micro y pequeñas empresas que operan con márgenes reducidos. Un aumento significativo del salario mínimo podría llevar a muchas a reducir personal, informalizar contratos o incluso cerrar.
3. Aumento de precios.
Si las empresas formalizadas tienen que incurrir en mayores costos laborales, es probable que trasladen parte de esos costos a los consumidores. Un alza generalizada en los precios reduciría el poder adquisitivo de todos los ciudadanos, incluidos los trabajadores que reciben el aumento salarial.
4. Reducción del empleo formal.
En el peor escenario, el aumento del salario mínimo podría terminar expulsando personas del empleo formal, justo lo contrario de lo que busca una política de protección laboral.
Salario mínimo alto vs. estructura económica frágil
Los firmantes reconocen que “un piso salarial sólido y sostenible es clave para impulsar la equidad y la protección social”, y enfatizan que la mesa de concertación debe ser un espacio que refleje la realidad económica del país, no un escenario para promesas políticas.
Los expertos precisan que un aumento por encima de la inflación y de la productividad genera “efectos contrarios: mayor informalidad y presiones a los precios que afectan en mayor medida a la población de menores ingresos”. Esta situación se intensifica en un país donde buena parte de los ocupados no devengan siquiera el salario mínimo y se encuentran por fuera del sistema formal.
¿Cuánto sería un aumento razonable?
Aunque la carta no fija una cifra específica, los análisis de diferentes centros económicos sugieren que un aumento entre el 6 % y el 7 % sería consistente con la inflación proyectada y la productividad estimada para 2026. Ese rango permitiría mantener el equilibrio entre el poder adquisitivo del trabajador y la capacidad financiera de las empresas.
En contraste, un aumento del 11 % —como el propuesto por el ministro del Interior— podría romper ese equilibrio. Para los expertos, la situación no es un simple debate entre subir mucho o subir poco, sino entre subir de manera responsable o poner en riesgo la sostenibilidad laboral del país.
La visión de los sindicatos: una expectativa difícil de conciliar
Por el lado de las organizaciones sindicales, el panorama tampoco es sencillo. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha insistido en que este año no existe “la más mínima posibilidad de llegar a un acuerdo”, señalando que las diferencias entre empresarios y sindicatos son profundas y estructurales.
Los sindicatos consideran que el salario mínimo debe recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años y que el trabajador no puede seguir pagando los costos de la desaceleración económica. No obstante, el distanciamiento entre expectativas sociales y realidad económica se ha convertido en uno de los principales puntos de choque en la mesa de concertación.
Las cargas reales que enfrentan las empresas
Más allá del salario directo, los costos laborales para las empresas incluyen aportes a seguridad social, parafiscales, primas y prestaciones. De acuerdo con estimaciones recientes, un salario mínimo de 1,8 millones implicaría para un empleador un costo mensual total muy superior a los dos millones de pesos por cada trabajador, una cifra inviable para miles de pequeñas y medianas empresas que apenas sobreviven.
Este impacto explica por qué diversos gremios empresariales han advertido que un aumento demasiado alto podría frenar la creación de empleo formal, aumentar los despidos o acelerar la migración hacia la informalidad.
El dilema del país: más salario vs. menos empleo
Colombia enfrenta un dilema complejo: mejorar el ingreso de los trabajadores sin causar un deterioro del empleo. El salario mínimo es una herramienta poderosa, pero también frágil, pues incide directamente sobre más de 2 millones de trabajadores formales y, de manera indirecta, sobre el precio de múltiples bienes y servicios.
Por eso, los 115 expertos insisten en que la decisión debe ser técnica, coherente y responsable. Las consecuencias de un aumento desmedido no se limitan a la nómina de una empresa: afectan la estabilidad de la economía y el bienestar de la mayoría.
¿Qué está en juego?
La negociación del salario mínimo para 2026 se ha convertido en una prueba para el Gobierno, para los sindicatos y para los empresarios. La posibilidad de concertar un aumento moderado sería una señal de madurez institucional, mientras que un acuerdo forzado o unilateral podría tensar aún más el mercado laboral y la economía.
Para el ciudadano común, el debate puede parecer lejano, pero sus efectos son inmediatos: costos, precios, empleo, ingresos y estabilidad. Incluso quienes no devenguen el salario mínimo sentirán el impacto de su aumento, ya sea en la inflación, en la contratación o en la sostenibilidad de su propio empleo.
El llamado de los 115 expertos no busca frenar las aspiraciones legítimas de los trabajadores, sino evitar que una decisión mal calculada termine deteriorando el mercado laboral y aumentando la fragilidad económica del país. En un contexto donde la informalidad laboral supera la mitad de la fuerza laboral y la productividad avanza lentamente, un aumento desproporcionado del salario mínimo podría convertirse en un arma de doble filo.
El reto para la mesa de concertación es grande: encontrar un balance que proteja el ingreso de los trabajadores sin poner en riesgo la capacidad de las empresas para sostener el empleo formal. Colombia necesita una decisión seria, técnica y sostenible. Una decisión que, como señala la carta, permita “un acuerdo justo, sostenible y favorable al empleo formal y al crecimiento económico”.
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