Por: Luis Alfonso Albarracín Palomino
A un mes de terminar la presente vigencia, las finanzas públicas nacionales, vuelven a estar en una incertidumbre, porque la meta de los recaudos por parte de la Dian, están por debajo de los 11 billones de pesos. Al ejecutivo le quedan 8 meses y 6 días para terminar su mandato constitucional, lo que le impide cumplir con los propósitos que se comprometió durante su campaña electoral, el presidente Gustavo Petro Urrego. Con ello, ya no le queda tiempo, ni tampoco cuenta con los suficientes recursos para hacer y entregar obras concretas que contribuyan a transformar a este país en las áreas sociales, económicas, de infraestructura, vivienda y seguridad nacional entre otras, lo cual le han venido generando reveses en la credibilidad de la opinión pública, que creyó en un verdadero cambio. Diversos medios de comunicación coinciden en que, durante el resto de su periodo, va a administrar un país lleno de precariedades y con una tensa campaña presidencial, cuyos candidatos van a colocar como tema central, la profunda crisis en que se debate la sociedad colombiana. Y con el mayor problema, por el incremento de la criminalidad y alteraciones diarias del orden público y con el foco del gobierno de los Estados Unidos, que lo tiene en la mira, donde lo sancionaron junto a su familia y a su ministro del interior, al incorporarlos a la Lista Clinton. Y como si fuera poco, las autoridades norteamericanas pueden en cualquier momento, decretarle una captura internacional por parte de la interpol. Con mis expresiones, no quiero afirmar que ésto vaya a suceder. Pero los medios internacionales ya lo están expresando, lo cual tiene muy incómodo al primer mandatario de los colombianos. Mi solidaridad con él.
Respetuosamente le sugiero mantenerse en silencio. Utilice los canales diplomáticos para dirigirse a las autoridades norteamericanas. Atrás deben quedar los trinos, discursos incendiarios y mensajes inamistosos al país del Tío Sam. Volviendo al tema que nos ocupa en la presente columna, el presupuesto General de la Nación para el próximo año, será de $546 billones, uno de los más altos de la historia reciente, no solo en monto, sino en financiación, pues para solventar dicho monto, solo se cuenta con un recaudo de unos $300 billones, una meta de impuestos difícil de obtener, dada la actual coyuntura macroeconómica. En los primeros diez meses el recaudo tributario alcanzó $249,12 billones, lo que supone un aumento de 11,28% si se compara con el mismo periodo del año pasado, cuando se reportó un acumulado por $223,85 billones, pero en el consolidado anual, las cosas son muy preocupantes. Y si no le pasa mañana esta Ley, en las Comisiones Económicas del Congreso de la República la Ley de Financiamiento, el déficit puede ascender a otros 16,5 billones de pesos. Durante la anterior semana, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), proyectó que el déficit fiscal total de 2025 cerrará en 6,2% del PIB, 0,8 puntos porcentuales por debajo de la meta oficial del Marco Fiscal de Mediano Plazo, fijada en 7,1%. Este leve mejoramiento, no proviene de una consolidación estructural, sino principalmente de un menor gasto por intereses asociado a operaciones de manejo de deuda y a supuestos macro que redujeron temporalmente esa carga. Y como si fuera poco, el equipo económico del Alto Gobierno prevé que, al finalizar el presente año, el déficit del presupuesto para la vigencia 2026, puede terminar con un déficit de 40 billones de pesos. Y adicionalmente, con ese desaforado gasto público del gobierno nacional, las cosas se complicarían mucho más, en las actuales circunstancias. El palo no está para hacer cucharas. Así lo afirmaban nuestros ancestros. La solución definitiva es apretarnos el cinturón, como lo haría cualquier empresa privada que se encuentra en quiebra.
