La audiencia de conciliación entre el presidente Gustavo Petro y el representante a la Cámara Miguel Polo Polo, realizada este martes en la Corte Suprema de Justicia, terminó sin acuerdo.
El intento de acercamiento, convocado por el alto tribunal a raíz de una denuncia interpuesta por el mandatario, no logró que las partes cedieran en sus posturas, por lo que el proceso seguirá su curso en la Sala de Instrucción.
Durante la diligencia, Polo Polo mantuvo firme los señalamientos que dieron origen a la acción judicial. El congresista reiteró que, a su juicio, la izquierda y el propio presidente tendrían responsabilidad en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 28 de junio. Sostuvo además que no se retractaría y presentó argumentos que, según él, sustentan su evaluación de los hechos. “El proceso sigue su trámite normal. Esto es una estrategia judicial por parte del petrismo en mi contra”, afirmó al término del encuentro.
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El congresista también explicó que enfrenta otro proceso por presunto hostigamiento, originado en dos videos que compartió en su cuenta de X: uno en el que se quema la bandera del M-19 y otro en el que se incinera un muñeco con la imagen del presidente. Aseguró que estas nuevas denuncias buscan fortalecer el caso en su contra y terminar afectando sus derechos políticos. “Obviamente me denuncian nuevamente con unos trinos para complementar y darle más fuerza a ese juicio, y obviamente para terminar quitándome mis derechos políticos. Eso es lo que buscan”, expresó.
En su intervención ante la Corte, Polo Polo insistió en que nunca afirmó que Petro hubiera ordenado el asesinato del senador, pero sí sostuvo que existe responsabilidad estatal. Recordó que Uribe Turbay pidió en múltiples ocasiones un fortalecimiento de su esquema de seguridad sin recibir una respuesta efectiva. “Veinticinco veces Miguel Uribe pidió seguridad al gobierno Petro y Petro le dijo que no. Ahí está la prueba. ¿Cómo van a decir que no tiene responsabilidad sobre la seguridad de Miguel Uribe? Pura negligencia estatal”, señaló el representante, quien incluso sugirió que podría tratarse de un “presunto crimen de Estado”.
Con la conciliación fallida, el expediente retornará a la Sala de Instrucción, que continuará con el análisis del caso y los pasos procesales correspondientes.
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