La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes inició una investigación preliminar contra el presidente Gustavo Petro, tras una denuncia que lo señala de presunto lavado de activos, radicada por el experto anticrimen financiero Juan Carlos Portilla. El caso surge luego de que el mandatario, junto a su exesposa Verónica Alcocer y su hijo Nicolás, aparecieran en la llamada Lista Clinton.
DIARIO DEL HUILA, POLITICA
La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes avocó conocimiento y abrió una investigación preliminar contra el presidente Gustavo Petro, en respuesta a una denuncia que advierte presuntas conductas relacionadas con lavado de activos. La queja fue presentada por el profesor y experto en anticrimen financiero Juan Carlos Portilla, quien radicó solicitudes ante la Fiscalía y el Congreso con el propósito de que se indague la supuesta responsabilidad del mandatario y de su exesposa, Verónica Alcocer.
La acción judicial se presentó después de que Petro, Alcocer y Nicolás Petro fueran incluidos en la conocida Lista Clinton, lo que generó nuevas alertas públicas y motivó la radicación formal de denuncias ante organismos judiciales y de control. Como resultado, la Comisión de Acusaciones formalizó la apertura de una indagación y designó una representante responsable del caso.
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“Primero: Avocar el conocimiento de las presentes diligencias preliminares, en contra del Presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego, de conformidad con lo previsto en el artículo 332 de la Ley 5 de 1992 y 424 de la Ley 600 del 2000”, precisa el documento oficial de la Comisión, que confirma el inicio formal del proceso.
Según el denunciante, la acusación deberá derivar en la práctica de pruebas que permitan establecer si existió o no lavado de activos por parte del jefe de Estado. “La denuncia por presunto delito contra el presidente Petro en la Comisión de Acusaciones ha sido procesada por la mesa directiva y ha designado a la doctora María Eugenia Lopera como la representante investigadora en este caso y ellos inician la investigación preliminar para determinar una responsabilidad en materia de lavado de activos”, señaló Portilla.
La investigación quedó bajo la responsabilidad de la representante a la Cámara María Eugenia Lopera, quien elaboró el auto correspondiente como funcionaria instructora del proceso. Entre las primeras actuaciones ordenadas se encuentra la notificación oficial a Petro y a las partes mencionadas en la denuncia, además de la solicitud de certificaciones institucionales para dar continuidad a la indagación.
“Oficiar a través de la Secretaría de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes a la Secretaría General de la Presidencia de la República a fin de que expida en duplicado certificación del Presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego, en la que se refiera su calidad foral”, dispone el documento.
Con esta decisión, la denuncia supera la etapa inicial de recepción y pasa al marco jurídico de investigación preliminar. A partir de este punto, corresponderá a la representante instructora ordenar la práctica de pruebas, solicitar documentos oficiales, recibir testimonios y determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una eventual acusación formal o, por el contrario, archivar el caso.
El proceso se suma a otros expedientes en curso contra Petro en la Comisión de Acusaciones, organismo constitucionalmente encargado de investigar al presidente en ejercicio. La instancia es la única con competencia para evaluar este tipo de denuncias debido al fuero presidencial.
Aunque la apertura de la investigación no implica una determinación de culpabilidad, sí constituye un paso procesal que activa el trámite jurídico y obliga al Congreso a pronunciarse frente a las acusaciones. De momento, no se han emitido declaraciones oficiales por parte de la Presidencia sobre la nueva indagación.
Lo que sigue será la verificación jurídica de los hechos denunciados y la revisión de posibles trazas financieras o documentales asociadas al supuesto delito. Si las pruebas recabadas lo justifican, la Comisión podría elevar la investigación a etapa formal de acusación, lo que abriría un proceso político y judicial más amplio.
Por ahora, el caso se encuentra en fase de indagación preliminar, con citaciones pendientes y trámites documentales en curso.
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