ALFREDO VARGAS ORTIZ
Abogado y Docente Universidad Surcolombiana
Doctor en Derecho Universidad Nacional de Colombia
La reciente convocatoria del concurso público de méritos para magistrado, juez y funcionario judicial es un ejemplo palpable de la meritocracia pura y dura. Tres mil aspirantes compiten por un solo cargo, y el nivel de exigencia es monumental: no basta una excelente hoja de vida, hay que superar un riguroso examen de conocimiento, una prueba psicotécnica y, además, un curso-concurso diseñado para demostrar las competencias y calidades inherentes al ejercicio de la judicatura en Colombia.
Esta realidad me obliga a compartir con mis lectores una profunda reflexión sobre la insensatez institucional que rige el acceso a otros cargos públicos esenciales en nuestro país. De allí, precisamente, el título de este escrito.
En Colombia, los titulares de los órganos de Control y de Administración de la Justicia Constitucional —tales como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Corte Constitucional— no acceden a sus puestos por mérito sino mediante actos de elección política. Con sueldos que superan holgadamente los $45 millones de pesos, estos funcionarios dependen de la elección del Congreso de la República, un órgano que, según las encuestas, desaprueba a más del 71% de los colombianos y que sistemáticamente brilla por sus escándalos de corrupción.
El Vínculo Político en lo Territorial
Esta misma dinámica se replica a nivel territorial. La elección de personeros municipales y contralores departamentales y municipales está en manos de las corporaciones políticas locales (Asambleas y Concejos). Si bien la ley exige que esta elección provenga de un concurso público de méritos, la decisión final de los cuerpos colegiados a menudo se traduce en una escasa o nula fiscalización de las autoridades.
Recuerdo la entrevista con un alto funcionario de control territorial que, sin vergüenza, me confesó que le debía su puesto al equipo político de cierto líder tradicional. Historias como esta abundan en los medios y en expedientes judiciales que duermen el sueño de los justos. El caso de la elección del Contralor municipal y la Personera de Neiva es un eco de esta impunidad: los términos procesales para juzgar a los responsables se vencieron, y el caso prescribió.
El Engaño Constitucional
La tragicomedia colombiana radica en la misma estructura institucional que hemos forjado. La Constitución de 1991 y las leyes que la desarrollan, en un acto de dudosa lucidez, entregaron al Congreso la potestad de elegir a estos altos dignatarios con sueldos exorbitantes. ¿El resultado? Estos funcionarios terminan defendiendo y conviviendo con el poder que los eligió, convirtiendo las instituciones en cajas de repartición de cargos y menoscabando su dignidad.
Es profundamente irónico: para ser docente en Colombia se exigen requisitos draconianos, experiencia y títulos avanzados, para acceder a sueldos que oscilan entre los $3 millones y difícilmente superan los $10 millones. En contraste, para ser Magistrado de la Corte Constitucional, el máximo tribunal judicial, se requiere la elección del Senado. Un ejemplo de la perversión de este sistema fue la reciente elección de Carlos Camargo, en medio de un debate sobre los antecedentes y componendas políticas que rodearon su postulación como ex Defensor del Pueblo.
La Urgencia del Cambio
En síntesis, para los cargos que administran los órganos de control y la justicia constitucional, aquellos con los más altos sueldos, lo que impera es la politiquería sobre el mérito. Para los cargos con menores sueldos, como el magisterio y la carrera judicial de base, prima la selección objetiva y el esfuerzo.
Es imperativo y urgente un cambio constitucional que desarraigue la injerencia política de la elección de los guardianes del Estado, garantizando que el mérito se imponga sobre cualquier razón clientelista. De lo contrario, seguiremos condenados a que el ratón sea quien cuide el queso.
