En medio de la polémica y de los llamados a revisar la estrategia militar, el presidente Gustavo Petro optó por confrontar directamente las críticas, reafirmando que las acciones no se apartan del marco jurídico internacional.
El mandatario se pronunció a través de su cuenta en X, donde defendió que la ofensiva militar se mantiene dentro de los límites del derecho internacional humanitario (DIH) y que constituye un componente esencial de la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones armadas que operan en distintas regiones del país.
“Vuelvo a insistir que no nos hemos salido del DIH en los bombardeos ordenados por mí. Decir que se detengan los bombardeos cuando estamos dentro del DIH es de una ingenuidad brutal”, afirmó el presidente, respondiendo tanto al jurista Kai Ambos como a sectores que han cuestionado la estrategia.
Sus declaraciones llegan en un contexto marcado por la presión de organismos de derechos humanos y sectores académicos, que han pedido claridad sobre los criterios utilizados para autorizar operaciones aéreas en zonas donde, históricamente, los grupos armados han recurrido al reclutamiento forzado de menores. Pese a ello, Petro defendió que suspender los operativos sería contraproducente para la protección de las comunidades más vulnerables.
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En su mensaje, recalcó que las acciones militares buscan impedir que los grupos criminales continúen expandiendo su control territorial y sometiendo a población civil. “Nosotros detenemos y detendremos la esclavitud de nuestro pueblo en muchas regiones de Colombia en manos de los grupos armados narcos. Decir que se paren los bombardeos en acciones ofensivas de los narcos es invitarlos a reclutar más niños”, sostuvo el jefe de Estado.
Las explicaciones del Gobierno se producen mientras organizaciones sociales y expertos jurídicos piden que se revisen los protocolos de inteligencia previa a las operaciones aéreas y que se fortalezcan los mecanismos para evitar daños colaterales en escenarios donde puede haber presencia de menores.
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