La reforma tributaria que el Gobierno presentó con una meta inicial de recaudo de 26,3 billones de pesos fue reducida a 16,3 billones después de las primeras rondas de negociación. Con el recorte también llegó la claridad sobre qué impuestos se mantendrán en el proyecto que será discutido en el Congreso. La apuesta es crucial para sostener el Presupuesto General de 2026, estimado en 530,6 billones de pesos.
DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Andrea Beltrán.
La reducción de 10 billones en la meta de recaudo obligó a reorganizar la estructura del proyecto. El Gobierno argumenta que, pese al ajuste, el paquete tributario sigue siendo indispensable para garantizar el funcionamiento del Estado durante 2026, un año en el que se deben financiar compromisos sociales, programas en marcha y obligaciones fiscales que no pueden aplazarse. El monto final equivale a una porción significativa de los recursos destinados anualmente a sectores como educación, salud o infraestructura, lo que explica la insistencia del Ministerio de Hacienda en mantener un recaudo capaz de sostener el presupuesto proyectado.
La reforma quedó dividida en cuatro títulos. El primero, enfocado en la reducción del gasto tributario, concentra varios de los impuestos que finalmente se mantendrán. Allí se ratifica la decisión de conservar el IVA del 19 por ciento sobre los juegos de suerte y azar en línea, un gravamen que nació como temporal durante la conmoción interior en Catatumbo a comienzos de 2025, pero que quedaría incorporado de forma permanente desde 2026. También se conserva el IVA para los vehículos híbridos, las bebidas alcohólicas y los servicios de hospedaje prestados a visitantes que no residen en Colombia.
El Gobierno calcula que la revisión del IVA generará un recaudo de 1,34 billones de pesos, mientras que los impuestos asociados a juegos de suerte y azar aportarían cerca de 1,63 billones. La suma de estos dos bloques de ingresos resulta decisiva porque se trata de sectores con márgenes amplios de consumo, lo que permite un flujo constante de recursos al Estado. Para muchos expertos, estos impuestos se mantienen porque no recaen sobre productos de primera necesidad y porque su eliminación impactaría directamente la capacidad de financiación del presupuesto del próximo año.
El pulso por los vehículos híbridos
Uno de los puntos que más discusión genera en el Congreso es el IVA para los vehículos híbridos. En la propuesta oficial, esta tarifa pasaría de cinco por ciento a diecinueve por ciento, lo que significaría un aumento considerable en el precio final. La medida ha sido criticada por varios legisladores, entre ellos el presidente de la Comisión Tercera del Senado, Jairo Castellanos, quien anunció que buscará modificar este artículo durante la discusión. El argumento principal es que estos vehículos se han convertido en una alternativa para disminuir el impacto ambiental y que gravarlos con la tarifa general del IVA desincentivaría su compra en un mercado que apenas empieza a expandirse.
El debate no es menor, porque la diferencia entre el impuesto actual y el propuesto podría traducirse en miles de pesos adicionales para los compradores. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de mantener este recaudo, desde el Congreso insisten en que la transición hacia tecnologías más limpias no debe frenarse por decisiones tributarias que cambien de forma brusca las reglas del juego.
La tensión por los combustibles y el impacto fiscal
Otro de los temas que marcará el debate es la revisión del impuesto para los productores de gasolina corriente, ACPM, biocombustibles y alcohol carburante. La reforma propone que este gravamen tenga una tarifa de diez por ciento en 2026 y que en 2027 llegue al valor general del IVA. Aunque la medida busca cerrar una brecha histórica en materia fiscal, su impacto económico genera posiciones encontradas.
Si el Ministerio de Hacienda decide no aplicar este impuesto, el país renunciaría a 2,6 billones de pesos. Ese monto equivale a lo que cuesta mantener programas nacionales completos o a buena parte de la inversión en sectores prioritarios. Sin embargo, aumentar la carga tributaria sobre los combustibles podría derivar en incrementos en los costos de transporte y en el precio final de varios bienes, lo que obliga a un análisis cuidadoso sobre las repercusiones en la inflación. El Gobierno enfrenta así un equilibrio complejo entre la necesidad de obtener recursos y la obligación de no presionar aún más el costo de vida.
El impuesto al patrimonio y la carga para las grandes fortunas
Uno de los apartados más detallados del proyecto es el que define la estructura del impuesto al patrimonio. La tarifa quedaría distribuida por tramos medidos en UVT, que para 2025 está fijada en 49.799 pesos. Los patrimonios de hasta 40.000 UVT, equivalentes a cerca de 1.900 millones de pesos, quedarían exentos. A partir de ese punto se aplican tarifas que van desde 0,5 por ciento para quienes tienen entre 40.000 y 70.000 UVT, hasta cinco por ciento para los patrimonios superiores a dos millones de UVT.
En la práctica, este impuesto está dirigido a los contribuyentes con mayor capacidad económica. La estructura progresiva busca que quienes tengan más activos paguen una proporción superior, mientras que la gran mayoría de los hogares colombianos no se verían afectados. El Gobierno sostiene que se trata de un mecanismo necesario para equilibrar las cargas tributarias en un contexto de estrechez fiscal, aunque varios gremios han advertido que incrementos muy altos podrían desincentivar la inversión.
La discusión sobre las ganancias ocasionales
Las ganancias ocasionales también aparecen en la lista de temas sensibles. El proyecto propone elevar de veinte a treinta por ciento el impuesto para los premios de loterías y rifas. La coordinadora ponente de la reforma, Olga Lucía Velásquez, ha cuestionado esta medida al considerar que el aumento es excesivo. Según explicó, si una persona recibe una ganancia ocasional y tres de cada diez pesos se convierten en impuestos, el golpe es desproporcionado frente a ingresos que no son permanentes ni voluminosos. Por eso, señaló que este será uno de los puntos que se revisarán con el Ministerio de Hacienda antes de la ponencia final.
El debate gira en torno a la idea de gravar las ganancias inesperadas sin castigar de forma desmedida a quienes no obtienen este tipo de ingresos de manera recurrente. Para los ponentes, es fundamental encontrar un equilibrio entre recaudo y razonabilidad tributaria.
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Los títulos que completan el recaudo
Los títulos tercero y cuarto de la reforma, que incluyen ajustes en diferentes frentes tributarios y medidas para fortalecer el ingreso público, aportarían 5,78 billones y 3,73 billones de pesos respectivamente. En conjunto suman más de la mitad del recaudo total previsto. Aunque el contenido detallado de estos capítulos será objeto de discusión en las comisiones económicas, su peso es determinante en la arquitectura global del proyecto. Sin estas dos partes, la reforma perdería buena parte de su capacidad de financiación y obligaría al Gobierno a replantear el presupuesto del próximo año.
El camino legislativo que definirá el futuro fiscal
La reforma tributaria entra ahora a una etapa crucial en las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes. Allí se medirán las fuerzas políticas y se definirá la versión final del texto que irá a plenarias. El Gobierno insiste en la necesidad de asegurar los recursos para 2026 y ha advertido que, sin esta reforma, el país deberá asumir recortes que afectarían programas esenciales o aumentar la deuda pública.
El Congreso, por su parte, deberá balancear las urgencias fiscales con el impacto que cada impuesto tiene en la economía cotidiana de los ciudadanos. El debate será intenso porque se discuten tarifas que inciden en sectores clave como combustibles, juegos de azar, vehículos híbridos y consumo de bebidas alcohólicas. Cada artículo tiene implicaciones que trascienden el recaudo y que tocarán intereses, bolsillos y decisiones de política pública.El país entra así en una discusión que marcará el rumbo económico del próximo año. La reforma ya no es la propuesta original, pero sigue siendo la principal herramienta del Gobierno para sostener el presupuesto de 2026. Lo que decida el Congreso definirá si los 16,3 billones proyectados alcanzan para cubrir las necesidades del Estado o si el país deberá ajustar de nuevo su plan fiscal en medio de un escenario económico que exige decisiones rápidas y responsables.
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