La Defensoría del Pueblo encendió nuevas alarmas tras confirmar que siete menores de edad murieron en un bombardeo en Guaviare y que existen reportes adicionales de adolescentes fallecidos en otros combates. Las advertencias se multiplican mientras crece la polémica por el retorno de los ataques aéreos ordenados por el presidente Gustavo Petro.
DIARIO DEL HUILA, PANORAMA
La mañana del sábado 15 de noviembre el país amaneció con una noticia que reabrió uno de los debates más sensibles del conflicto armado colombiano: el uso de bombardeos en zonas donde grupos armados reclutan menores de edad. Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo confirmaron que siete menores murieron durante una operación aérea en Guaviare, una región donde las disidencias de las FARC mantienen una fuerte presencia y han intensificado el reclutamiento forzado.
Según la defensora del Pueblo, Iris Marín, los menores —tres niños y cuatro niñas— habían sido llevados a la fuerza por estructuras del Estado Mayor Central, comandado por alias “Iván Mordisco”.
Un retorno polémico a los bombardeos
El operativo hizo parte de la serie de ataques aéreos que el Gobierno reactivó en 2025, luego de haberlos suspendido al inicio del mandato de Gustavo Petro, bajo la premisa de evitar daños a civiles y menores reclutados. Sin embargo, el deterioro de las negociaciones con grupos armados llevó al Ejecutivo a retomar esta estrategia militar.
La decisión revivió cuestionamientos que ya habían marcado debates nacionales en años anteriores: ¿es posible combatir a grupos ilegales sin poner en riesgo a los menores forzados a integrar sus filas? Expertos en Derecho Internacional Humanitario (DIH) han insistido en que el Estado debe aplicar el principio de precaución en operaciones ofensivas, especialmente cuando existe evidencia de reclutamiento.
La advertencia de la Defensoría: “Hay más casos en verificación”
Tras conocerse la muerte de los siete menores en Guaviare, la defensora Iris Marín volvió a dirigirse al presidente Petro y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, alertando que habían llegado nuevos reportes de adolescentes muertos en combates en otras zonas del país.
“Hay otros bombardeos en verificación por menores de edad que habrían resultado muertos. Pido suspender los bombardeos y evaluar”, escribió la defensora Iris Marín en su cuenta de X.
Las declaraciones encendieron aún más el debate, pues se trata de la segunda advertencia formal en menos de una semana sobre posibles vulneraciones de derechos en operaciones militares.
La ONU expresa preocupación por la muerte de menores
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia no tardó en pronunciarse. A través de un comunicado, la entidad expresó su “profunda preocupación” por el ataque en Guaviare y recordó que el reclutamiento de menores es un crimen de guerra, según el Estatuto de Roma y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.
La ONU hizo un llamado doble:
1. A los grupos armados, para que liberen inmediatamente a los menores reclutados.
2. Al Estado colombiano, para que extreme las medidas de precaución en operaciones ofensivas.
“Los niños, niñas y adolescentes no pueden ser utilizados en las hostilidades. Su presencia en los campamentos aumenta el riesgo de tragedias como esta”, reiteró la organización, que también envió condolencias a las familias de los menores fallecidos.
Petro entrega cifras y admite más casos en operaciones militares
Presionado por las advertencias y el debate nacional, el presidente Gustavo Petro publicó un balance actualizado sobre las muertes de menores en varios operativos contra el Estado Mayor Central. Según el jefe de Estado, 12 menores han fallecido en acciones militares durante los últimos meses.
El reporte incluye:
• 7 menores en Guaviare (10 de noviembre).
• 4 menores en zona limítrofe entre Caquetá y Amazonas (1 de octubre), caso denunciado por la representante a la Cámara Katherine Miranda.
• 1 menor en Arauca (13 de noviembre).
El propio mandatario admitió que al menos un caso sigue en verificación, debido a que la edad de la víctima no ha sido plenamente determinada. El mensaje, sin embargo, generó nuevas preguntas sobre la precisión de los datos y los procedimientos de verificación interna.
Un debate que divide al país
La controversia por el retorno de los bombardeos ha generado fracturas incluso dentro de sectores cercanos al Gobierno. Mientras algunos defienden la necesidad de golpear a estructuras armadas que continúan expandiéndose, otros advierten que la estrategia tiene un costo humanitario inadmisible.
Para organizaciones de derechos humanos, la discusión es clara: el Estado puede y debe combatir a los grupos armados, pero debe hacerlo con pleno respeto al DIH y con especial protección hacia los menores reclutados, quienes son víctimas y no combatientes.
El reclutamiento forzado, además, ha aumentado en regiones históricamente golpeadas por la guerra, como Guaviare, Caquetá, Putumayo, Cauca y Chocó. En estos territorios, alertan líderes sociales, los grupos ilegales siguen encontrando niños vulnerables a causa de la pobreza, la falta de oportunidades y la ausencia del Estado.
Un país que vuelve a enfrentar viejas heridas
La muerte de los menores reavivó el dolor de episodios pasados, como el bombardeo de San Vicente del Caguán en 2019, en el que también murieron adolescentes reclutados. Para muchos, se trata de heridas que nunca terminaron de cerrar.
Las autoridades continúan verificando la información de los nuevos casos reportados por la Defensoría del Pueblo. Entre tanto, el país sigue esperando una respuesta clara sobre cómo equilibrar la obligación de combatir a los grupos armados con el deber humanitario de proteger a los menores reclutados.
Reclutamiento forzado en Colombia: una práctica que no cesa
Según datos de organizaciones internacionales, más de 9.000 menores han sido reclutados por grupos armados ilegales en las últimas dos décadas. A pesar de acuerdos, desmovilizaciones y ofensivas militares, esta práctica persiste en al menos 200 municipios del país. Las regiones con mayores riesgos actuales son Cauca, Guaviare, Arauca, Caquetá, Meta y Putumayo.
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