Aníbal Charry González
En este mismo espacio en una columna que titulé “IMPUNIDAD EN CORRUPCIÓN POLÍTICA”, me referí en su oportunidad al escandaloso caso de 10 concejales de Neiva que fueron capturados en el 2016 junto con otros 4 empleados públicos, por sobornos para elegir Contralor y Personera municipal, en una vergonzosa redada sin antecedentes en el mundo, destacando que en nuestro país lo que campeaba era la justicia selectiva para generar impunidad, por cuenta de los abogados más eficientes que teníamos en materia penal, que no eran propiamente de carne y hueso, ni salidos de ninguna universidad: vencimiento de términos y prescripción, graduados con honores en propiciar impunidad por cuenta de la misma ley; precisamente por haberse declarado la prescripción que nos llena de vergüenza regional y nacional.
Pues bien: recientemente la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, con ponencia del magistrado Alberto Poveda Perdomo, no tuvo más alternativa, apegados al contenido de la ley, que confirmar la prescripción que beneficiaba a los que se cranearon el gravísimo ilícito, pero argumentando con carácter que “ Injustificadamente el juzgado de primera instancia permitió sucesivos aplazamientos promovidos tanto por la delegada fiscal como por la bancada de la defensa, práctica que terminó por configurar la prescripción de la acción penal de varios de los delitos acusados”. Mejor dicho, el Tribunal describió el manido procedimiento que se utiliza en todo el país en alianza de varios actores con la misma justicia para generar impunidad, como tenemos que padecerla a diario los asociados agobiados y alarmados por la inoperancia del sistema judicial.
Pero hay que destacar en este caso, lo cual no es usual en la administración de justicia, se ordenó que se investigara penal y disciplinariamente a los jueces que conocieron del proceso durante 9 años, a los fiscales que han intervenido, a los defensores públicos y a la defensa por una supuesta obstrucción de la justicia, que ojalá arroje resultados rápidamente para sentar un precedente en esta materia, en un entuerto como este que por sus características y gravedad debió ser tramitado con prioridad para que no se quedara impune, aspirando que en el futuro como también lo refería en la columna mencionada, se consagre la inoperancia de la prescripción para esta clase de alarmantes crímenes, o se designe un cuerpo élite que los investigue y procese con términos improrrogables cuyo incumplimiento genere hasta la pérdida del empleo si fuere preciso, porque nuestra sociedad ya no soporta más impunidad en delitos contra la administración pública protagonizados por la clase política vitanda que tenemos.
