El alto tribunal aseguró que colaboró plenamente con la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que adelantó una inspección en su sede como parte de una investigación preliminar contra cuatro magistrados señalados por presuntas irregularidades en casos de nulidad electoral.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
El Consejo de Estado emitió un comunicado oficial luego de la diligencia de inspección judicial realizada el martes 12 de noviembre por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en el marco de una investigación preliminar contra cuatro de sus magistrados de la Sección Quinta.
La actuación, que generó expectación en los círculos judiciales y políticos del país, se relaciona con dos procesos de nulidad electoral: el del alcalde del municipio de Calima Darién y el del gobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
La diligencia fue encabezada por la presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta, quien llegó acompañada de funcionarios de la Dijín y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el objetivo de recopilar información y documentación sobre los expedientes relacionados con los casos.
Diligencia dentro del marco institucional
En su pronunciamiento, el Consejo de Estado explicó que la inspección se desarrolló con total normalidad y dentro de los parámetros legales establecidos. “La Sección Quinta informa que, a través de la Secretaría General y la Secretaría de la Sección Quinta, se atienden en este momento las diligencias de inspección judicial decretadas por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales”, señaló la corporación.
El alto tribunal subrayó que prestó “toda la colaboración para su práctica, como corresponde y como lo ha hecho en oportunidades anteriores en las que, en diversas investigaciones, se han practicado este tipo de pruebas”.
El comunicado buscó dejar en claro que la diligencia no constituye un hecho extraordinario y que se enmarca dentro del funcionamiento regular del sistema judicial colombiano.
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Las denuncias que originaron la investigación
Según la Comisión de Investigación y Acusación, los procesos objeto de la diligencia corresponden a las demandas de nulidad electoral presentadas contra el alcalde de Calima Darién y el gobernador de San Andrés, así como a las acciones de tutela interpuestas en ambos casos.
Los magistrados vinculados a la indagación preliminar son Omar Joaquín Barreto, Luis Alberto Álvarez Parra, Gloria María Gómez Montoya y Pedro Pablo Vanegas Gil, integrantes de la Sección Quinta del Consejo de Estado, encargada de resolver los asuntos electorales del país.
En el caso de San Andrés, el documento de apertura de investigación señala posibles irregularidades en la admisión de una reforma de demanda fuera del término procesal legal, lo que podría configurar un presunto prevaricato por acción.
La denuncia fue presentada por el Comité Político Pacto Histórico San Andrés Islas, que alegó una violación al debido proceso y al uso indebido del recurso de tutela. “Se ha irrespetado la tutela como mecanismo expedito que debe resolverse en diez días y se ha permitido que terceros ajenos a la demanda interpongan el argumento del idioma creole como si se tratara de un proceso colectivo, cuando en realidad es individual”, cita el auto de apertura.
Una segunda denuncia fue interpuesta por el ciudadano Miguel Ángel Mora, quien afirmó que en el proceso de nulidad electoral que cuestionó la elección del gobernador Nicolás Iván Gallardo Vásquez se habría cometido “una actuación procesal manifiestamente contraria a la ley” al admitir una reforma de demanda fuera del término permitido.
Investigación en etapa preliminar
El Consejo de Estado reiteró que la diligencia practicada por la Comisión de Acusación se realizó bajo las normas establecidas y aclaró que esta instancia del Congreso es la encargada constitucionalmente de investigar a los altos dignatarios del Estado, incluidos los magistrados de las altas cortes.
Los expedientes inspeccionados permanecerán bajo reserva mientras se desarrolla la etapa preliminar de investigación, durante la cual la Comisión deberá determinar si existen méritos suficientes para formular cargos formales o, en su defecto, archivar las actuaciones.
Por ahora, el alto tribunal insiste en que colaborará con las autoridades competentes y reafirma su compromiso con la transparencia institucional y el respeto por los procesos judiciales.
