Por Carlos Yepes A.
Colombia acaba de dar dos pasos concretos para convertir la salud mental en una prioridad real: la nueva Ley de Salud Mental (2025) y la Política Nacional de Salud Mental 2025–2034 (Decreto 0729 de 2025). Ambos instrumentos nacen con el impulso y la concurrencia de la Presidencia de la Comisión de Salud Mental del Congreso, a cargo del senador y profesional en psicología Clínica Dr. Carlos Julio González Villa, y apuntan a cerrar brechas históricas en acceso, oportunidad y calidad de la atención, especialmente para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las regiones.
El contexto global es elocuente: alrededor de 1.000 millones de personas viven con trastornos mentales; el suicidio causó 727.000 muertes en 2021; y el gasto en salud mental sigue anclado en apenas el 2% del gasto sanitario mundial. La pandemia elevó en cerca del 25% la prevalencia de ansiedad y depresión, recordándonos que la detección temprana y la atención oportuna no solo salvan vidas, también generan retornos para los sistemas de salud.
La Ley de Salud Mental (2025) busca pasar de un modelo reactivo y hospital-céntrico a uno integral, preventivo y comunitario. Ordena talento humano en la puerta de entrada de todos los centros asistenciales para crisis emocionales y trastornos comunes, fortalece las redes territoriales de apoyo, consolida el Observatorio Nacional de Salud Mental, crea una fuente dedicada de financiación y refuerza la inspección y vigilancia contra barreras de acceso.
La Política Nacional 2025–2034 (Decreto 0729/2025) pone recursos, metas e infraestructura sobre la mesa: USD 150 millones entre 2025 y 2029, 1 Centro Nacional de referencia y 39 Centros Regionales, 101 proyectos de infraestructura y 14 vehículos multimodales para llegar a zonas dispersas. Integra la salud mental en la Atención Primaria en Salud, activa un sistema nacional de urgencias en salud mental y crea un plan de acción con indicadores y reportes semestrales. Incluye, además, Servicio Social Obligatorio para psicología y estrategias para trabajo digno del talento humano.
Nuestro departamento refleja con crudeza la urgencia de estos cambios. Según la base “HUILA SALUD MENTAL.xlsx” (corte 2023), el Huila habilitó 110 IPS con servicio de psicología y 39 con psiquiatría, además de 1 unidad de salud mental/psiquiatría. Aun así, la tasa ajustada de mortalidad por lesiones autoinfligidas (suicidio) fue de 8,4 por cada 100.000 habitantes en 2023 (32 fallecimientos), por encima de 2022 (5,9 por 100.000). Estos datos subrayan el reto de convertir la oferta habilitada en cobertura efectiva, detección temprana y continuidad del cuidado.
Desde la Presidencia de la Comisión, el senador González Villa ha puesto la salud mental en el centro de la agenda legislativa y de control político. Hoy el país ya cuenta con la Ley y la Política: el marco normativo existe y los recursos iniciales están trazados. El desafío inmediato es hacer que la red funcione en los territorios: que el talento humano llegue a la puerta de entrada, que las líneas de crisis operen 24/7, que las rutas en colegios y universidades prevengan la deserción y las violencias, y que la referencia/contrarreferencia evite hospitalizaciones evitables y recaídas.
Qué debemos exigir desde el Huila: Oportunidad: tiempos de espera y acceso 24/7 en urgencias de salud mental; Cobertura efectiva en APS: tamizajes periódicos en entornos educativos y equipos comunitarios activos; Continuidad del cuidado: seguimiento post–alta y apoyo psicosocial a familias y cuidadores; Talento humano suficiente: implementación del SSO en psicología y estímulos para radicación en municipios apartados; Transparencia: tablero público con metas, ejecución de los USD 150 millones y puesta en marcha del Centro Nacional y los 39 Regionales.
La salud mental no admite discursos vacíos. Con estos dos logros, Ley y Decreto/Política, pasamos del “hay que hacer” al “estamos haciendo”. Si como región nos apropiamos de la implementación, si alcaldías, universidades, EPS/IPS y organizaciones sociales se sientan a la misma mesa, el Huila puede ser ejemplo nacional de una red que previene, atiende y acompaña. Ese es el llamado: convertir la norma en servicio cercano y humano, y el presupuesto en vidas protegidas y proyectos de vida en vidas protegidas y proyectos de vida en marcha.
De esta manera también se avanza en “Un Acuerdo Para Vivir Mejor”
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