La Fiscalía imputó seis nuevos delitos a Nicolás Petro Burgos por hechos ocurridos durante su periodo como diputado del Atlántico. El proceso avanza aparte del caso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante los tribunales las pruebas contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, y le imputó seis nuevos delitos relacionados con presuntos actos de corrupción cometidos cuando se desempeñaba como diputado de la Asamblea del Atlántico.
Este segundo juicio no guarda relación con el proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en el marco de la campaña presidencial de su padre, que avanza con lentitud. En cambio, se centra en hechos presuntamente ocurridos durante su paso por la corporación departamental, vinculados con el manejo de recursos públicos.
Audiencia clave ante el Juzgado 14 de Garantías
La audiencia continuará este miércoles ante el Juzgado 14 de Garantías de Barranquilla, donde se definirá si Nicolás Petro deberá enfrentar el proceso en prisión preventiva.
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De acuerdo con la fiscal del caso, Lucy Laborde, el expediente incluye presuntos actos de corrupción con dineros destinados a adultos mayores en condición de vulnerabilidad, recursos que habrían sido desviados mediante contratos con la Fundación Conciencia Social (FUCOSO).
“Este acuerdo corrupto consistía en una serie de contratos en la Gobernación a favor de la Fundación FUCOSO, con el propósito de apropiarse de recursos del ente departamental, entre tanto, una gran parte de estos no eran usados para el objeto contractual que fue creado, sino para repartirse ilícitamente entre ustedes”, señaló Laborde durante la diligencia judicial.
En el proceso también fueron mencionados funcionarios de la Gobernación del Atlántico, Gustavo de la Ossa, representante legal de FUCOSO, y la expareja del acusado, Day Vásquez.
Los delitos imputados y las posibles penas
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Petro Burgos los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio. La fiscal del caso solicitó medida de aseguramiento intramural.
De acuerdo con el abogado penalista César Augusto Vargas, se trata de un concurso heterogéneo de conductas punibles, y aunque el proceso apenas comienza, la eventual condena podría alcanzar hasta 15 años de prisión si se demuestra su responsabilidad.
“La tasación punitiva dependerá de que sea vencido en juicio y que se tengan las pruebas suficientes practicadas ante juez de conocimiento que indique más allá de toda duda que es culpable y que así sea declarado en sentencia condenatoria. Es muy apresurado emitir un monto de pena toda vez que pueden presentarse figuras como los preacuerdos o principios de oportunidad”, explicó Vargas.
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