A 40 años de la tragedia, el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, condena las nuevas narrativas que buscan enaltecer la toma del Palacio de Justicia y reafirma que se trató de un acto terrorista que acabó con la vida de magistrados, jueces y civiles.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
Cuando la herida de la toma del Palacio de Justicia sigue abierta, el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, emitió un fuerte pronunciamiento contra quienes intentan enaltecer lo ocurrido hace cuatro décadas. Durante el foro ’40 años después: Justicia y memoria’, el magistrado calificó de inaceptable que se hable de “genialidad” al recordar un suceso en el que fueron asesinados once magistrados, un centenar de civiles y agentes de la fuerza pública.
“No podemos aceptar que, en medio de la tragedia y en una conmemoración de esta estatura histórica y jurídica, hoy se califique la toma del Palacio de Justicia como un acto de genialidad”, enfatizó Álvarez.
Para el presidente del alto tribunal, intentar exaltar lo ocurrido los días 6 y 7 de noviembre de 1985 constituye una afrenta directa a las víctimas y a la memoria de quienes representaron la justicia en Colombia:
“Yo creo que no se puede hablar de genialidad frente a un acto terrorista, que fue asistido de cobardía y que acabó con las mentes más brillantes en la historia de este país y quienes representaron la justicia en esa época”, aseguró Álvarez.
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Una tragedia que buscó destruir la institucionalidad
Durante su discurso inaugural, el magistrado también lamentó que, 40 años después, aún no se conozca toda la verdad sobre lo ocurrido, lo que prolonga el sufrimiento de las víctimas y familiares de los fallecidos. Recordó que la acción terrorista buscó destruir la institucionalidad del país y que la frialdad con que fueron asesinados magistrados y jueces marcó a toda una generación de servidores públicos.
“Un centenar de colombianos caen abatidos por el fuego y las cenizas de este acto que la historia califica como una tragedia que intentó devastar la institucionalidad colombiana”, agregó.
Álvarez resaltó que los efectos del holocausto en el Palacio de Justicia trascienden lo histórico y lo judicial, pues implicaron la pérdida de vidas humanas, conocimiento y experiencia jurídica que nunca podrá ser reemplazada.
Memoria, verdad y justicia: un llamado vigente
En el marco del evento conmemorativo, el presidente del Consejo de Estado reiteró la importancia de continuar con el trabajo de memoria, búsqueda de verdad y justicia, como herramientas para honrar a las víctimas y prevenir que tragedias similares vuelvan a ocurrir.
“Aún siguen heridas abiertas para las víctimas y para nuestros muertos”, lamentó Álvarez, destacando que la sociedad colombiana debe mantener viva la memoria de lo ocurrido para no normalizar la violencia ni permitir que se glorifiquen actos de terror.
El magistrado enfatizó que recordar con precisión histórica y educar a las nuevas generaciones sobre la magnitud del daño causado por la toma del Palacio de Justicia es fundamental para fortalecer la institucionalidad y la confianza en la justicia en Colombia.
El compromiso del Consejo de Estado
Álvarez concluyó su intervención con un llamado al compromiso permanente de la justicia colombiana frente a los hechos de violencia: reconocer el dolor de las víctimas, garantizar la transparencia en la investigación de los responsables y evitar que se repitan intentos de socavar la institucionalidad.
El foro, que reunió a magistrados, académicos y familiares de los fallecidos, buscó no solo conmemorar la memoria de quienes perdieron la vida, sino también promover el debate sobre los desafíos que persisten en materia de justicia, derechos humanos y reparación a víctimas.
“No fue un acto de genialidad; fue un acto terrorista y cobarde que marcó la historia del país y que nos obliga a recordar, investigar y nunca olvidar”, concluyó Álvarez, cerrando un mensaje contundente que reitera que la memoria histórica es esencial para la justicia y la reconciliación en Colombia.
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