Deudas millonarias, cierres de servicios y retrasos en la atención evidencian el colapso del sistema de salud en Colombia. Los pacientes y los maestros son quienes más sufren el impacto de la crisis estructural que atraviesa el sector.
DIARIO DEL HUILA, SALUD
La crisis del sistema de salud colombiano ha dejado de ser un tema técnico para convertirse en una realidad palpable en calles, hospitales y hogares. Las EPS en dificultades financieras, los cierres de servicios, la falta de medicamentos y el paro del magisterio son señales claras de un sector al borde del colapso.
Según la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), la cartera del sector farmacéutico alcanzó los $4,2 billones al cierre del segundo trimestre de 2025, con un 35,3 % de esa cifra como cartera vencida y cerca del 3 % irrecuperable. Por su parte, la firma Sectorial calcula que las deudas totales del sistema con los proveedores ascienden a $24 billones, concentradas en gran parte en EPS intervenidas por el Gobierno, lideradas por la Nueva EPS, que acumula más de $4 billones en mora.
Servicios hospitalarios al borde del cierre
El impacto del desfinanciamiento se traduce directamente en el colapso de la red hospitalaria. Solo en el primer semestre de 2025 se cerraron 6.084 servicios de salud, casi tantos como en todo 2024. Los más afectados son los servicios de baja y mediana complejidad, como odontología, medicina general, fisioterapia y enfermería, que constituyen la puerta de entrada del paciente al sistema.
“Las cifras muestran una red que se está debilitando. Si no se toman decisiones estructurales sobre los pagos y las condiciones contractuales, podríamos ver un colapso progresivo de los servicios esenciales”, advirtió Jorge Toro, director de la Unión de IPS (Unips).
Pacientes entre la incertidumbre y la espera
El deterioro financiero afecta directamente a los usuarios. En los primeros seis meses de 2025 se recibieron más de un millón de reclamos, de los cuales el 30,2 % correspondieron a demoras en la asignación de citas y el 18,8 % a la negación de medicamentos o tecnologías.
Un caso reciente en Barranquilla evidenció la precariedad del servicio: una mujer embarazada se desplomó tras esperar más de cuatro horas por un medicamento en un dispensario. “Nosotros tuvimos que auxiliarla porque el personal no reaccionó. La ambulancia llegó veinte minutos después”, relató Carmen Ariza, testigo del hecho.
El círculo vicioso es evidente: las EPS no pagan a las IPS, las clínicas suspenden servicios, los hospitales reducen capacidad, y los pacientes enfrentan largas esperas o deben viajar a otras regiones.
Incluso instituciones de referencia como la Clínica Shaio y el Hospital de San José anunciaron recientemente que dejarán de atender a pacientes de la Nueva EPS por falta de pago.
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Paro del magisterio y régimen especial en crisis
Mientras la red hospitalaria se deteriora, los maestros afiliados a Fecode realizaron un paro nacional de 24 horas el 30 de octubre, exigiendo soluciones para el modelo de salud del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
El sistema, administrado por la Fiduprevisora, había sido presentado como un “modelo de prueba” para la reforma a la salud. Sin embargo, tras un año, enfrenta problemas similares al régimen general: sobrecostos, contratos irregulares, demoras en la atención y crecimiento explosivo del gasto.
“El llamado es a la Fiduprevisora, que garantice que no haya sobrecostos y que se responda a tiempo a las IPS. También a las IPS, para que no abusen de las tarifas y cumplan con el servicio”, señaló Martha Alfonso, ejecutiva de Fecode.
En algunos contratos iniciales se pagaron $138.000 por paciente, cuando el promedio de mercado no supera los $39.000, una muestra de la desproporción que afecta el funcionamiento del sistema.
Un sistema al borde del colapso
La suma de todos estos factores —deudas impagables, cierres de servicios, conflictos en el régimen especial y alertas de organismos de control— configura un panorama crítico. La Contraloría reveló que la Nueva EPS tiene anticipos pendientes de legalizar por $15,3 billones y no cuenta con estados financieros certificados desde 2023.
“Las EPS pagan sus deudas o las liquidamos”, afirmó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Sin embargo, la propia administración controla siete EPS que concentran más de 11,7 millones de afiliados y gran parte de las obligaciones vencidas, generando contradicciones en su discurso.
Para los pacientes, cada retraso o servicio suspendido se traduce en tratamientos que no se realizan o citas que deben esperar meses, convirtiéndose en un problema humanitario. Mientras el Gobierno insiste en reformas estancadas, el sistema público, privado y especial sigue desmoronándose desde adentro.
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