El Ministerio de Defensa confirmó que el patrullero Jarold Luis Ricardo Martínez fue retenido por presuntos integrantes de las disidencias de las FARC cuando se desplazaba hacia Popayán para conocer a su hijo recién nacido. El Gobierno exigió su liberación inmediata.
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
La desaparición del patrullero Jarold Luis Ricardo Martínez, adscrito al Departamento de Policía Arauca, mantiene en alerta a las autoridades nacionales. El uniformado, quien se encontraba de permiso y vestía de civil, perdió comunicación con sus familiares el pasado 29 de octubre, cuando se desplazaba desde el municipio de Hobo, Huila, hacia la ciudad de Popayán, en el Cauca.
La Policía Nacional informó que adelanta una exhaustiva investigación para establecer su paradero y confirmó que el caso estaría relacionado con un secuestro perpetrado por el frente ‘Dagoberto Ramos Ortiz’, una estructura perteneciente a las disidencias de las FARC bajo el mando de ‘Iván Mordisco’.
De acuerdo con información difundida en redes sociales, circula un video en el que se observan imágenes que corresponderían al momento en que el patrullero fue interceptado y retenido por sujetos armados. Las autoridades verifican la autenticidad del material, mientras mantienen operativos de búsqueda en la zona limítrofe entre los departamentos de Huila y Cauca, territorio históricamente afectado por la presencia de grupos disidentes.
El Ministerio de Defensa Nacional, a través de su titular Pedro Sánchez, rechazó categóricamente los hechos y aseguró que se trata de un acto cobarde. Según explicó el ministro, el patrullero fue retenido mientras se dirigía a conocer a su hijo recién nacido. “El Gobierno exige la liberación inmediata y sin condiciones del uniformado y de todas las personas que continúan en cautiverio. El secuestro es un delito que no admite justificación alguna”, enfatizó Sánchez.
El jefe de la cartera de Defensa señaló que el secuestro habría ocurrido en un corredor estratégico de movilidad utilizado por los grupos armados ilegales que operan entre el sur del Huila y el norte del Cauca. Estas zonas, donde se ha detectado un incremento de acciones delictivas, son empleadas por las disidencias para el tráfico de armas, drogas y para ejercer control territorial.
Por su parte, la Policía Nacional conformó un equipo interdisciplinario encargado de brindar acompañamiento a la familia del patrullero y coordinar las acciones de búsqueda. En un comunicado, la institución responsabilizó a las disidencias del frente ‘Dagoberto Ramos Ortiz’ por la integridad y la vida del funcionario, solicitando su regreso sano y salvo.
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“Responsabilizamos a este grupo armado de la vida y la seguridad del patrullero Jarold Luis Ricardo Martínez. No descansaremos hasta lograr su liberación”, indicó la Dirección General de la Policía.
Según cifras oficiales, en lo corrido del año 2025 se han registrado 437 secuestros en el país. De estos, 304 corresponden a civiles, y 15 continúan retenidos, incluidos dos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. En cuanto a los miembros de la Fuerza Pública, 133 han sido víctimas de secuestro, de los cuales cuatro militares y tres policías permanecen en poder de sus captores.
Las autoridades advierten que, pese a los esfuerzos de diálogo con los grupos armados en el marco de la política de paz total, las disidencias del Estado Mayor Central, lideradas por alias Iván Mordisco, han mantenido acciones hostiles, especialmente en el suroccidente del país. Estos frentes han intensificado los ataques contra la Fuerza Pública y las retenciones ilegales de civiles para obtener recursos económicos o ejercer presión política.
En el Huila, los recientes hechos de violencia asociados a las disidencias han encendido las alarmas de los organismos de seguridad, que temen un recrudecimiento del conflicto en zonas rurales donde la presencia institucional es limitada. Municipios como Algeciras, Hobo, Tesalia y La Plata han sido escenario de patrullajes y operaciones conjuntas entre el Ejército y la Policía en busca de garantizar la seguridad de la población y desarticular las redes de apoyo de los grupos ilegales.
Mientras avanza la investigación, la familia del patrullero Martínez ha solicitado respeto por su privacidad y ha pedido el apoyo de la ciudadanía para compartir información que pueda conducir a su ubicación. El Gobierno Nacional reiteró su compromiso con las víctimas del secuestro y aseguró que continuará fortaleciendo la ofensiva contra las estructuras que persisten en estas prácticas criminales.
La desaparición del uniformado no solo representa una tragedia personal para su familia, sino también un nuevo desafío para las autoridades en su propósito de recuperar la confianza en las zonas donde los grupos armados aún ejercen control. El caso refleja, además, las dificultades que enfrenta el Estado para garantizar la seguridad en regiones donde la violencia persiste pese a los esfuerzos de negociación y presencia militar.
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