Las autoridades de Estados Unidos solicitaron información a Italia, España y Suecia para ampliar la Lista Clinton con nuevos nombres cercanos al presidente Gustavo Petro y a la primera dama, Verónica Alcocer, en medio de investigaciones sobre presuntos negocios energéticos y movimientos financieros internacionales.
DIARIO DEL HUILA, ANALISIS
La crisis que enfrenta el gobierno del presidente Gustavo Petro tras su inclusión en la Lista Clinton, dispuesta por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el pasado 24 de octubre, ha escalado más allá del plano diplomático. Lo que comenzó como un golpe simbólico al primer mandatario colombiano por supuestas irregularidades financieras y vínculos con negocios de origen dudoso, hoy se traduce en una crisis política, financiera y reputacional sin precedentes.
A la fecha, se habla de al menos diez compañías internacionales que se han negado a suministrar combustible al avión presidencial FAC-0001, utilizado en más de 70 viajes internacionales durante su mandato. En medio de su gira por Arabia Saudita, Catar y Egipto, el presidente reveló públicamente estas dificultades, denunciando lo que considera una “retaliación política” de Washington por sus posturas frente a la guerra en Gaza, la crisis migratoria, las tensiones con Venezuela y su visión crítica del modelo económico global.
“Nos sancionan por no arrodillarnos”, escribió Petro en sus redes sociales, en un tono que mezcla desafío con victimización.
La segunda fase: rastros en tres países
Mientras el jefe de Estado intenta defenderse judicialmente en Estados Unidos —para lo cual contrató al abogado Daniel Kovalik—, fuentes diplomáticas en Washington confirmaron que las autoridades estadounidenses están evaluando nuevos elementos para abrir una segunda fase de sanciones. En esta etapa se incluirían a otros aliados del mandatario y de la primera dama, Verónica Alcocer, quien también fue incorporada en la lista inicial.
Las indagaciones apuntan a flujos financieros provenientes de Venezuela que habrían ingresado a Colombia durante la campaña del Pacto Histórico, disfrazados de inversiones en proyectos energéticos y de gas. Al menos ocho personas —colombianos y extranjeros— están siendo investigadas por sus desplazamientos y movimientos de capitales hacia Italia, Suecia y España.
Según informantes cercanos al proceso, la figura de “Zuleimán”, un alias que aparece en los contactos telefónicos de uno de los implicados, ha cobrado relevancia en la investigación. Este personaje sería un intermediario clave en operaciones de petróleo y gas, con conexiones tanto en América Latina como en Europa.
El foco sobre Verónica Alcocer
La primera dama, Verónica Alcocer, se encuentra actualmente en Estocolmo (Suecia), destino que se repite en los reportes de los investigadores estadounidenses y europeos. Su presencia en el país escandinavo ha despertado suspicacias no solo por los posibles vínculos con negocios energéticos, sino por su relación con el embajador colombiano en Suecia, Guillermo Reyes, y su esposa, Carmen Larrazábal.
Una fotografía de ambas en un restaurante de Estocolmo, después de la visita oficial del presidente Petro a ese país en 2024, confirmó la cercanía. No obstante, el embajador Reyes negó cualquier implicación irregular.
“Han dicho que Verónica va a Suecia por negocios turbios o que se queda en mi residencia. Todo eso es falso. Que me demuestren lo contrario”, aseguró. Según el diplomático, Alcocer solo ha viajado al país nórdico tres veces, y sus estadías las ha hecho en viviendas Airbnb, sin usar vehículos diplomáticos ni hospedarse en la residencia oficial.
Reyes añadió que el entorno presidencial ignora cómo funciona la cultura de contratación en Suecia y rechazó cualquier vínculo con el multimillonario contrato de los aviones Gripen, valorado en 16,5 billones de pesos, que aún gestiona la Fuerza Aérea Colombiana. “Eso está en manos del Ministerio de Defensa. No tengo nada que ver”, insistió.
El rastro de los asesores catalanes
Las pesquisas también incluyen a tres asesores catalanes: Xavier Vendrell, Manuel Grau y un tercero aún no identificado. Estos nombres aparecieron en testimonios entregados a agentes federales por informantes que voluntariamente se han acercado al Departamento de Justicia.
Uno de ellos mencionó a un petrolero venezolano radicado en República Dominicana, quien presuntamente habría actuado como puente financiero. Otro habló de reuniones en España, donde se habrían pactado aportes para la campaña presidencial a cambio de futuros contratos energéticos en Colombia.
Según fuentes judiciales, parte de esa información podría ser remitida a la Fiscalía General de la Nación, que ya tiene abiertos dos expedientes sobre la financiación de la campaña Petro 2022-2026.
La reacción presidencial
El presidente Petro, tras conocerse la sanción, defendió a Alcocer asegurando que está siendo “perjudicada gratuitamente” por la oligarquía colombiana. “Ya habían dado la orden de procesarla a ella y a mi hijo Nicolás. Es una estrategia electoral”, declaró en su cuenta de X.
Sin embargo, la situación de su hijo Nicolás Petro Burgos sigue siendo un factor que complica el panorama. En Estados Unidos recuerdan que está bajo investigación en Colombia por haber recibido dinero del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como el “Hombre Marlboro”.
Benedetti y el bloqueo financiero
El ministro del Interior, Armando Benedetti, también incluido en la Lista Clinton, enfrenta su propio calvario financiero. Según reveló, apenas dos horas después de conocerse su sanción, sus tarjetas Visa y Mastercard fueron bloqueadas, al igual que sus cuentas en el exterior.
Benedetti, quien mantiene una relación tensa con la primera dama, designó al abogado Michael Díaz para que lo represente en Estados Unidos. En entrevista con W Radio, negó tener relación con empresarios españoles o catalanes, y aseguró que “va a dar la pelea”.
Casa de Nariño en alerta
Dentro del Palacio Presidencial, la situación es descrita como una tormenta institucional. Asesores del presidente reconocen que se están evaluando alternativas para mitigar los efectos de las sanciones, que incluso podrían afectar el pago de salarios del propio mandatario.
Una de las salidas sería permitir que Petro viaje en aeronaves no oficiales, dado que varias empresas se han negado a abastecer el avión presidencial.
“Vamos a ver si los bancos en Colombia obedecen la ley de un país extranjero o la de nuestra Corte Constitucional”, advirtió el presidente, cuestionando la postura del sistema financiero nacional.
No obstante, la Asobancaria respondió con un mensaje de firmeza: “El sector bancario colombiano mantiene su compromiso con los estándares internacionales y actuará en concordancia con la ley local y los derechos del consumidor financiero”.
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Entre el frente interno y la presión internacional
El efecto de la Lista Clinton no se limita a las dificultades logísticas o bancarias. El gobierno de Petro enfrenta una erosión política progresiva: sectores de oposición han pedido explicaciones al Congreso y a la Cancillería por los movimientos financieros del entorno presidencial, mientras la imagen del mandatario cae en los sondeos.
En Washington, fuentes diplomáticas confirmaron que esta semana podría conocerse una nueva actualización de la Lista Clinton, con nombres adicionales de empresarios y funcionarios. Esto, según un exfuncionario del Tesoro, “no responde a presiones políticas, sino al hallazgo de nuevas pruebas verificadas por agencias de inteligencia financiera”.
Por ahora, Petro insiste en su narrativa de persecución. “No quieren un presidente independiente. Pero el pueblo colombiano ya despertó”, declaró. Sin embargo, el cerco internacional parece cerrarse: las investigaciones se amplían, los aliados se distancian y la incertidumbre crece.
Un tablero geopolítico complejo
Detrás del escándalo se entrelazan factores políticos y geoestratégicos. La administración estadounidense, bajo el gobierno Trump —según alegan fuentes cercanas a Petro—, habría tenido roces con la Casa de Nariño por su posición crítica frente a la intervención militar en Venezuela y la política de deportaciones.
No obstante, analistas internacionales señalan que las sanciones no responden a ideología, sino al hallazgo de “movimientos financieros irregulares” que cruzan fronteras y jurisdicciones. En este sentido, la cooperación de Italia, España y Suecia resulta clave para rastrear los flujos de capital que, según las pesquisas, alimentaron la campaña presidencial y presuntos negocios de energía bajo fachadas legales.
Un escenario incierto
Mientras tanto, Verónica Alcocer permanece en Estocolmo. El embajador Reyes insiste en su inocencia, Benedetti busca defenderse ante cortes federales, y Petro enfrenta un cerco diplomático que amenaza con aislarlo.
La historia, que comenzó como un diferendo político, ahora se perfila como un caso judicial transnacional que puede redefinir las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.
El desenlace dependerá de los hallazgos que surjan de los intercambios de información entre las autoridades europeas y norteamericanas. Pero, a juzgar por el ritmo de las revelaciones, la segunda fase de la Lista Clinton apenas comienza.
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