El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que durante la madrugada del domingo, dos drones sobrevolaron su lugar de residencia. El funcionario afirmó que el hecho representa una amenaza contra su seguridad y la de su familia, por lo que anunció la interposición de acciones penales ante las autoridades competentes.
A través de su cuenta en la red social X, Benedetti aseguró que los aparatos estuvieron sobre su vivienda entre las 12:00 de la noche y las 3:00 de la madrugada. “Entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada de hoy estuvieron dos drones sobrevolando el lugar donde yo vivo (…) En la tarde de hoy pondré las denuncias penales respectivas con nombre propio y de ahí saldrá el culpable de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia”, señaló el ministro, acompañando la publicación con un video en el que se observan los drones.
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Según informó, el funcionario presentó una denuncia penal contra dos personas que considera sospechosas de haber ordenado el sobrevuelo. Añadió que, durante el incidente, un vehículo transitaba repetidamente frente a su residencia y que en horas de la mañana del domingo detectó a individuos tomando fotografías en la parte trasera de su casa. “En un país donde el dron es un arma letal, nadie maneja un dron para divertirse a las 3 de la madrugada ni hace seguimientos en carro”, expresó.
Ante estos hechos, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), encabezado por su directora Angie Lizeth Rodríguez, rechazó las intimidaciones y expresó su solidaridad con Benedetti, su familia y su equipo de trabajo.
“El Gobierno Nacional reitera que ningún acto de violencia, amenaza o coacción puede tener espacio en una sociedad democrática. La intimidación como forma de presión o silenciamiento es contraria a los principios de respeto, justicia y diálogo que orientan la acción del Estado colombiano”, indicó el comunicado oficial.
El Dapre también hizo un llamado a la ciudadanía a rechazar la violencia en todas sus expresiones y a respaldar la labor de las autoridades para garantizar la seguridad de los servidores públicos. “La vida y la dignidad no se amenazan, se protegen”, concluye el texto.
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