La Superintendencia de Servicios Públicos reforzará la vigilancia al sector eléctrico para evitar que los usuarios paguen tarifas infladas y garantizar que los precios reflejen costos reales de producción.
DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, prepara una nueva estrategia de vigilancia al sector eléctrico con el propósito de evitar incrementos injustificados en las tarifas de energía y fortalecer la transparencia en la formación de precios. La iniciativa, anunciada por el superintendente Felipe Durán Carrón durante la instalación del Congreso de Energía MEM 2025 en Cartagena, busca que los consumidores paguen únicamente por los costos reales de generación y operación del servicio.
“En este 2026 que se viene, nosotros estamos ajustando algunas herramientas de vigilancia enfocadas en revisar los costos eficientes en la conformación de precios del sector de la generación”, afirmó Durán ante más de 800 expertos del sector energético, señalando que el objetivo central es impedir que los hogares colombianos sigan asumiendo sobrecostos derivados de ineficiencias empresariales.
El funcionario subrayó que el equilibrio entre rentabilidad y justicia tarifaria será el eje de esta política. “Las empresas y los agentes generadores tienen derecho a gozar de rentabilidad, pero no a trasladar costos ineficientes a los usuarios”, enfatizó.
Vigilancia más estricta y metodologías renovadas
La Superintendencia implementará a partir de 2026 un conjunto de herramientas técnicas para verificar que los precios cobrados a los usuarios correspondan estrictamente a los costos operativos de las empresas. Este fortalecimiento de la vigilancia incluirá la revisión detallada de los reportes financieros y técnicos de las compañías generadoras, tanto en los contratos bilaterales como en los precios de bolsa, los dos principales mecanismos de comercialización de energía en el país.
Durán Carrón explicó que se exigirá mayor claridad en los reportes de información, con el fin de identificar posibles distorsiones o inconsistencias en los costos declarados. “Queremos que las decisiones de los agentes y las ofertas de precios reflejen los verdaderos costos de producción, sin incluir gastos que no correspondan al proceso operativo real”, señaló.
Además, la vigilancia tendrá en cuenta las diferencias tecnológicas del sector. Según el superintendente, algunas fuentes de generación, como la hidráulica o la térmica, permiten calcular con mayor precisión los costos de producción, mientras que otras, como las renovables, presentan márgenes de subjetividad que podrían ser aprovechados para inflar los precios.
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Contexto de tensión y debate tarifario
El anuncio se da en un momento de alta sensibilidad en el sector energético colombiano. En septiembre de 2025, el Gobierno propuso un incremento del 20% en el costo de la energía eléctrica para algunas actividades económicas, con el fin de recaudar $1,2 billones destinados al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso. La medida generó rechazo entre los gremios empresariales y los usuarios, quienes alertaron sobre su impacto en los costos de producción y en el bolsillo de los hogares.
Frente a este panorama, el fortalecimiento de la vigilancia por parte de la Superintendencia busca enviar un mensaje de confianza y control institucional. La entidad pretende garantizar que cualquier ajuste tarifario o modificación en la estructura de precios responda a criterios técnicos, eficientes y equitativos, y no a decisiones discrecionales o intereses particulares de los agentes del mercado.
Equilibrio entre equidad y sostenibilidad empresarial
La estrategia de la Superintendencia se enmarca en la política del Gobierno Petro de proteger a los consumidores frente a abusos en los servicios públicos domiciliarios. Con las nuevas metodologías, se espera un impacto positivo tanto en la transparencia del sector como en la percepción de los usuarios sobre la justicia tarifaria.
Durán Carrón indicó que la entidad avanzará en el desarrollo de herramientas analíticas y modelos de evaluación que permitan identificar de manera oportuna ineficiencias o anomalías en la formación de precios. “Nuestro objetivo es que los colombianos paguen lo justo por la energía que consumen, y que las empresas mantengan la rentabilidad a la que tienen derecho, pero dentro de los límites de la eficiencia y la legalidad”, precisó.
El reto ahora será lograr que la nueva metodología de control no se convierta en una traba para la inversión en el sector eléctrico. Expertos consultados en el Congreso de Energía advirtieron que la supervisión debe ir acompañada de incentivos a la modernización tecnológica y a la generación limpia, para garantizar un sistema energético sostenible, competitivo y confiable.
Con estas medidas, el Gobierno Nacional busca no solo proteger el bolsillo de los ciudadanos, sino también fortalecer la credibilidad del sector energético, en un contexto en el que la eficiencia, la transparencia y la equidad se han convertido en las principales demandas de los usuarios colombianos.
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