La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el exmandatario Luis Enrique Dussán López por presuntas omisiones en la ejecución de una obra financiada con recursos del Sistema General de Regalías.
DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el exgobernador del Huila Luis Enrique Dussán López (2020–2023), por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato de pavimentación de siete kilómetros de la vía La Victoria – San Marcos, en jurisdicción del municipio de Acevedo, una obra financiada con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por más de 18.200 millones de pesos.
La investigación, liderada por la Delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR, concluyó que el exmandatario habría incurrido en omisiones de sus funciones al no exigir el cumplimiento integral de las actividades del proyecto de inversión. Según el ente de control, Dussán tampoco habría adoptado las acciones necesarias para encauzar el desarrollo de los trabajos, pese a que fue informado oportunamente sobre posibles irregularidades en la ejecución de la obra.
Deficiencias desde el inicio del proyecto
De acuerdo con la Procuraduría, desde la etapa inicial se presentaron deficiencias en los diseños del corredor vial, lo que derivó en mayores cantidades de obra, incremento de los costos y ampliación del plazo de ejecución. Estas dificultades, que eran de conocimiento de la administración departamental, no habrían sido enfrentadas con una estrategia técnica ni administrativa eficiente, lo que provocó un progresivo deterioro del contrato y la parálisis del proyecto.
El órgano de control sostiene que el exgobernador Dussán conocía directamente los pormenores de las demoras y los incumplimientos, pero no actuó de manera oportuna ni eficaz para evitar que el contrato quedara truncado. La investigación detalla que la cancelación del convenio se produjo dos años y nueve meses después de que el mandatario fue informado de las irregularidades, es decir, el 29 de diciembre de 2023, al cierre de su gestión.
Esa decisión, según la Procuraduría, se tomó cuando la vía ya acumulaba retrasos considerables, sobrecostos y un panorama incierto sobre su culminación. En consecuencia, la entidad consideró que el exmandatario habría incumplido los principios de responsabilidad, moralidad y economía que rigen la función pública.
Un caso bajo la lupa de los organismos de control
El proyecto La Victoria – San Marcos, que buscaba mejorar la conectividad vial en el sur del Huila y dinamizar la economía cafetera del municipio de Acevedo, se presentó como una de las obras insignia del gobierno departamental de Dussán López. Su ejecución, sin embargo, terminó bajo el escrutinio de los organismos de control debido a las inconsistencias técnicas y financieras detectadas durante la ejecución.
El contrato fue suscrito bajo la modalidad interadministrativa, una figura que permite la contratación directa entre entidades públicas y que ha sido objeto de cuestionamientos por la falta de supervisión técnica y la limitada capacidad de ejecución de algunos contratistas. En este caso, las fallas en los estudios y diseños iniciales generaron ajustes en los cronogramas y adiciones presupuestales que, de acuerdo con la investigación, no contaron con el debido control ni seguimiento del despacho del gobernador.
La Procuraduría sostiene que esas omisiones comprometen la responsabilidad disciplinaria de Dussán, quien, como representante legal del departamento, debía asegurar la correcta inversión de los recursos del SGR y garantizar la finalización del proyecto en los plazos y condiciones pactadas.
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Posibles consecuencias disciplinarias
En su decisión, el ente de control calificó la presunta conducta del exgobernador como una falta grave cometida a título de dolo, lo que significa que habría actuado con conocimiento de las posibles consecuencias de su omisión. De confirmarse la responsabilidad disciplinaria, Dussán podría enfrentar sanciones que van desde la suspensión en el ejercicio de cargos públicos hasta la inhabilidad para desempeñar funciones oficiales por varios años.
Aunque el pliego de cargos no constituye aún una sanción, marca el inicio de la fase final del proceso disciplinario, en la cual el exmandatario podrá ejercer su derecho a la defensa y aportar las pruebas que considere pertinentes.
Por el momento, el caso sigue en trámite ante la Procuraduría, mientras los organismos de control continúan evaluando el impacto financiero del contrato inconcluso y las posibles responsabilidades de otros funcionarios involucrados en la supervisión y ejecución del proyecto.
Este proceso se suma a la lista de investigaciones que el Ministerio Público adelanta en distintas regiones del país por presuntas irregularidades en la ejecución de recursos del Sistema General de Regalías, con el propósito de garantizar la transparencia y eficiencia en la inversión pública.
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