Por: María del Carmen Jiménez
Las protestas recientes en Estados Unidos contra Donal Trump, son un grito popular contra el autoritarismo, el racismo y la intención de concentrar el poder en una sola figura. Cuando los manifestantes corean “No queremos reyes “defienden el principio fundamental de toda democracia: el poder emana del pueblo y no del caudillo. En el fondo esta resistencia pretende evitar la deriva populista ultranacionalista que amenaza con dividir la sociedad norteamericana.
La injerencia de Trump trasciende las fronteras de su país, su discurso antiinmigrante, proteccionista y neocolonial ha tenido repercusiones directas en América Latina particularmente en Colombia, donde sectores afines al magnate, han importado su retórica de miedo, polarización y desprecio por los derechos humanos, y lo peor, subordinan la política exterior colombiana a los intereses de Washington especialmente en temas de seguridad, lucha antidrogas (fracasada). Esa cercanía ha debilitado los esfuerzos por construir una soberanía latinoamericana independiente, basada en la cooperación y no en la obediencia y genuflexión.
La consigna “No queremos reyes” tiene eco en muchos países del sur, nos interpela: significa no aceptar tutelajes externos, no permitir que la democracia se someta al poder del dinero o de las potencias, y reafirmar el derecho de los pueblos latinoamericanos a decidir su propio destino.
La retórica Política del presidente Trump, de acusar públicamente a un Jefe de Estado extranjero de narcotráfico sin pruebas reales concretas, suele ser una herramienta de estigmatización y presión política inaceptable, para facilitar medidas concretas de sanciones, movilización diplomática , limitaciones de cooperación , apoyo político a actores afines en otro país o para justificar su intervencionismo. Por eso, quienes defendemos las democracias debemos rechazar categóricamente las acusaciones graves y no sustentadas contra el presidente de la república Gustavo Petro y, reafirmar nuestro compromiso con el Estado Social de Derecho, la lucha contra la criminalidad, y la cooperación internacional basada en evidencia y en el respeto a la soberanía. El gobierno de Estados Unidos debe rectificar sus declaraciones, y Colombia debe mantener los canales diplomáticos abiertos, para proteger la estabilidad institucional y económica del país.
Nuestros pueblos luchan por una soberanía real, no subordinada a los intereses imperiales, ni a los dictados económicos de potencias extranjeras. El punto común de la resistencia es el rechazo al poder absoluto, la defensa de los derechos sociales y el anhelo de un nuevo pacto ético y político que respete y devuelva nuestra dignidad. La resistencia en Estados Unidos y la lucha por la soberanía en América Latina son, en el fondo, parte de una misma batalla: la defensa de la libertad y la dignidad frente a cualquier forma de dominio.
