Carlos Yepes A.
En Colombia, estudiar no puede ser un acto de fe, sino una decisión respaldada por una política pública predecible. Sin embargo, el crédito educativo que administra el ICETEX, creado para ampliar oportunidades, terminó, para demasiados jóvenes, convertido en un obstáculo: cuotas que suben cuando la economía aprieta, subsidios que aparecen y desaparecen con los cambios del presupuesto y una gestión de cobro que trata la vulnerabilidad como si fuera mala fe. No es un escándalo pasajero; es un problema de diseño que exige un arreglo estructural. Desde el trabajo legislativo y de control político del senador Carlos Julio González Villa, en reciente debate de control político, puso sobre la mesa un camino responsable para corregir el rumbo sin entorpecer el camino por el que hoy transitan miles de familias.
El primer error, manifestó, ha sido atar las cuotas al índice de precios sin una red de protección robusta. Cuando la inflación repunta, la mensualidad se dispara justo cuando el bolsillo se encoge. Esa fórmula castiga al estudiante juicioso y al egresado que apenas aterriza en el mercado laboral. El segundo error ha sido la intermitencia de los alivios: el subsidio a la tasa, que reduce el costo real del crédito, ha dependido de la disponibilidad del presupuesto. Cambiar las reglas a mitad de camino siembra deserción y desconfianza. Y el tercero, una cultura de cobro que se activa tarde y mal: procesos ejecutivos sobre codeudores al límite y call centers tercerizados que confunden más de lo que orientan. Un crédito social requiere trato social: acompañamiento desde el primer desembolso y rutas de salida claras antes de que la mora se consolide.
A estos fallos se suma una falta de previsión que se debe superar: otorgar créditos sin cruzar información con la realidad de la empleabilidad por programa y territorio. No es lo mismo graduarse en Neiva que en Bogotá, ni en enfermería que en una carrera con menor demanda local. Si la cuota no está de acuerdo con el salario de enganche, condenamos al egresado a una aritmética imposible. Y mientras se discute si crear o no una “Banca del Saber” nueva, miles de estudiantes quedan en la incertidumbre. Es irresponsable crear una entidad nueva sin reglas claras sobre costos, fuente de financiación y, sobre todo, sin una transición que proteja a quienes ya están dentro del sistema.
El senador propone que primero, el país debe migrar a un esquema real de pago contingente al ingreso. En éste la cuota se define como un porcentaje del salario y no como una suma fija indexada; si el egresado obtiene ingresos por debajo de un umbral razonable, ese mes no paga y no se le cargan intereses de castigo. Con un horizonte claro, entre cinco y diez años, el saldo que quede se condona. Esto no promueve la cultura del no pago: ofrece previsibilidad, evita el ahogo y reduce la mora estructural.
En segundo lugar, los subsidios tienen que ser estables y progresivos por ley. Se requiere terminar con los vaivenes anuales. Una regla que actúe en contra del ciclo, con mayor alivio cuando sube la inflación o el desempleo juvenil, impide que los hogares más vulnerables lleven la peor parte del ajuste. La estabilidad de los apoyos es la base de la confianza.
En tercer lugar, el crédito debe ser más barato y la operación más eficiente. La meta es una tasa social, real, cercana a cero para los hogares de menores ingresos y una reducción en costos administrativos. Cada peso que se ahorre en tercerizaciones ineficientes debe traducirse en alivio directo para el usuario.
En cuarto lugar, el acompañamiento integral es tan importante como el desembolso. Hace falta un tutor financiero desde el día uno, simuladores realistas por carrera y región, articulación con servicios de salud mental y pasarelas de prácticas y empleo en alianza con cámaras de comercio, el SENA, universidades y empresas ancla. No se trata solo de prestar: se trata de asegurar acceso, permanencia y graduación.
Por último, la financiación debe alinearse con la planeación del talento que el país necesita. Fondos con condonación parcial para áreas estratégicas, salud, docencia en STEM, agro, energías limpias y economía digital, asociados a compromisos de permanencia en el territorio pueden cerrar brechas de capital humano y, de paso, impulsar el desarrollo regional.
Para el Huila esto no es teoría. En nuestros municipios, el crédito educativo ha sido la escalera de movilidad para jóvenes de estratos populares. Cuando se recorta un subsidio o se retrasan giros a las universidades, la consecuencia es concreta: un estudiante que aplaza semestre; una familia que regresa a la informalidad; un proyecto de vida que se destruye. La defensa del acceso, la permanencia y la graduación debe ser el centro de la conversación, no la nota al pie del Excel. Mantener subsidios estables cuesta menos que perder una cohorte entera por deserción: ese “costo invisible” se paga en ingresos futuros perdidos, innovación frustrada y tejido social deteriorado.
El senador Carlos Julio González Villa, finalmente destacó que Colombia debe elegir entre la improvisación que rompe confianzas y la estabilidad que construye futuro. La ruta está clara: pago contingente al ingreso, subsidios previsibles, tasa social, gestión humana del crédito y planeación del talento. No es una consigna; es un plan viable que puede empezar ya, si hay voluntad política y rigor técnico. Que ningún joven en el Huila, ni en el país, abandone su sueño universitario por culpa de un recibo: esa es la vara con la que hay que medirnos.
Esta finalmente es la agenda que como ciudadanos pienso que debemos acompañar para seguir defendiendo, con datos, con control político y con empatía, hasta que el ICETEX vuelva a ser lo que debió ser siempre: una palanca de equidad y no una trampa de deuda.
