El panorama no es para nada alentador para los maestros en el departamento, la cifra reportada es más de 20 que han activado la ruta de amenaza, sin embargo, desde el magisterio indican que el subregistro podría ser mas alto debido a los que no denuncian por temor.
DIARIO DEL HUILA, HUILA
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez
La situación de orden público en el departamento del Huila continúa dejando graves secuelas en la vida de los ciudadanos. Una de las poblaciones más alarmantes, aunque poco visibilizadas, es la de los docentes que, en cumplimiento de su deber, se convierten en blanco de amenazas, extorsiones y desplazamientos forzados por parte de grupos armados ilegales.
La situación de seguridad en esta región es inquietante, el pasado mes de mayo del presente año se conoció sobre la noticia de desplazamiento masivo de cinco docentes del municipio de Colombia; entre estos el rector, quienes a través de panfletos fueron intimidados y obligados a salir desplazados del territorio, al parecer por parte de grupos armados que delinquen en la zona.
Las aulas tradicionalmente consideradas un espacio seguro de enseñanza se ha convertido en campo de riesgo para muchos docentes. Las intimidaciones, extorsiones y desplazamientos forzados protagonizan una lamentable lista que ya suma decenas de educadores afectadosen lo que va del año.
Jan Jefferson Pacheco Quevedo, presidente de la Asociación de Institutores Huilenses – ADIH, reveló al Diario del Huila que más de 25 casos se han reportado en lo corrido de este año, donde las autoridades han activado las rutas pertinentes con los docentes que son blanco de este flagelo, y eso, sin contar el subregistro que puede existir, con aquellos que por temor a represarías deciden no denunciar.
“Estamos a la espera de las determinaciones que tome La Unidad Nacional de Protección (UNP) en el Decreto 1782 del 2013 el cual establece que la ruta se tiene que activar con denuncia en Fiscalía, nosotros como organización sindical acompañamos estos procesos también con Defensoría del Pueblo, con Personería, a través de la mesa territorial de garantías también hemos estado tramitando algunos de esos casos y esperando que la UNP termine o haga las valoraciones de los niveles de riesgo”, indicó el presidente de la ADIH.
Según el líder de la Asociación, lamentablemente la inmensa mayoría de amenazas no son producto de la labor del docente, como establece el decreto o la norma sino por extorsiones que reciben los maestros.
“La UNP dice, ‘No, esto es un nivel de riesgo ordinario, por lo tanto, el maestro o la maestra debe regresar nuevamente a la institución donde sale denunciando una amenaza’, los maestros terminan amenazados en los territorios un número muy importante producto de extorsiones, entonces le dicen al maestro que si va a aportar que si va a consignar X o cantidad de dinero si no lo hace pues tiene que salir del territorio eso es una amenaza en contra de la vida del maestro, pero como lamentablemente no es producto del trabajo que hace el maestro, para poner un ejemplo, si yo como maestro me doy cuenta que hay una situación de abuso sexual de un niño, tengo la obligación de poner esto en conocimiento de las autoridades, y si producto de esa acción que yo estoy haciendo como maestro me amenazan, entonces el decreto sí dice, ‘Esto es producto de la labor que está haciendo el maestro, nosotros no compartimos eso porque el hecho de que no sea producto de la labor que hace el maestro no significa que su vida no esté en riesgo”, explicó Pacheco Quevedo.
Existe subregistro en las cifras
En promedio, se reportan este año 2025 que cerca de 25 docentes han sido amenazados, aunque la cifra podría ser mayor debido a un subregistro, de quienes no denuncian ser víctimas de este tipo de acciones debido al temor por las represalias.
Algunos casos incluyen extorsiones, lo que agrava el panorama, los hechos más recientes fueron los registrados en el municipio de Colombia donde cinco educadores debieron salir de las sedes educativas, y en el municipio de La Plata donde los docentes deben impartir la enseñanza a través de la virtualidad.
“Nosotros tenemos alrededor de unos 20 – 25 maestros activando la ruta, tenemos dos casos en particular recientes hace menos de 2 semanas estamos atendiendo dos maestros que salen amenazados del territorio en el occidente del departamento, presuntamente por disidencias, son dos líderes sindicales integrantes de la subdirectiva y realmente esto también es un escenario que nosotros manifestamos el rechazo rotundo a cualquier tipo de amenaza que vaya en contra de cualquier maestro, pero aún más cuando se intenta el cargo de líder sindical, porque el líder sindical realiza una serie de acciones en favor de las comunidades educativas y realmente nos parece lamentable que los maestros tengan que salir producto también de esos liderazgos”, enfatizó el presidente de la ADIH.
Son varios los municipios afectados principalmente en la zona rural, entre los que se encuentran Saladoblanco, La Plata, Pitalito, Algeciras, Nátaga, Colombia, Baraya, Tello, Campoalegre, donde se conocen casos, pero muchos municipios no están siendo denunciados.
“Esto es un ejercicio de desplazamiento porque se les obliga a salir de su territorio, abandonar su familia, abandonar su cercanía, amistades y demás producto específicamente del liderazgo que están realizando, es la cifra que tenemos en términos de activación de ruta, pero lamentablemente el subregistro es más alto, porque como organización sindical también nos toca sentarnos a mirar y a valorar cada situación, se les expone al maestro cuál es la activación de ruta y hay maestros que deciden si interponen o no la denuncia”, reveló el líder sindical.
¿Cómo se afecta la educación?
Cuando un docente debe abandonar su escuela, la calidad de la educación se ve comprometida. Estudiantes se quedan sin clases, se reubican maestros o se recurre a virtualidad en zonas sin buen acceso a internet.
El miedo genera rotación docente, falta de continuidad pedagógica y desaliento entre los maestros que aceptan destino en zonas rurales, lo que afecta la equidad educativa.
“Les da temor precisamente que dentro de la activación de la ruta la valoración sea negativa y tengan que volver otra vez amenazados, o sea, salir denunciando una amenaza y retornar al territorio siendo amenazados. Hay un número importante de maestros que no terminan activando la ruta por eso, entonces estos maestros que no denuncian continúan en las instituciones educativas y estos casos se presentan en términos generales en gran parte el departamento, no podría indicar que más hacia un lado o hacia el otro, tenemos docentes de diferentes partes del departamento, sobre todo en zonas rurales”, indicó el presidente de la ADIH.
La educación rural del Huila, ya de por sí ha venido enfrentando retos de infraestructura, conectividad y recursos, suma este factor de inseguridad que agrava su vulnerabilidad.
¿Y el apoyo del gobierno?
Al respecto el líder expresó que a nivel departamental la Secretaría de Educación lo que ha hecho es cumplir con lo que está establecido en la ruta que es precisamente activarla y enviar a los maestros en comisión para aquellos que interponen la denuncia en Fiscalía.
“A nivel Nacional Fecode ha logrado avanzar en un acuerdo para la modificación del decreto 1782 del 2013 para poder establecer una conectividad entre delitos como la extorsión con el de la vida para que las valoraciones de riesgo de los maestros, desde luego se puedan tener en cuenta por parte de la UNP, hemos logrado nosotros en los comités de amenazados, porque tenemos un comité de amenazados, lograr traslados de maestros que aún la UNP dice, «No hay nivel de riesgo.» Pero teniendo los soportes, videos, fotografías y demás, le hemos dicho a la secretaria de educación, «Este maestro así la UNP diga que no hay nivel de riesgo, no puede volver al aula”, reveló Jan Jefferson Pacheco Quevedo.
Además, contó que gracias a estas gestiones realizadas desde la Asoación han logrado el traslado de cuatro educadores donde no salieron favorables por parte de la UNP, pero que la Secretaría si aprobó su cambio de institución.
“Hemos logrado el traslado de cerca de unos cuatro educadores en esos términos a través del comité de amenazados, a pesar de valoraciones no favorables por parte de la UNP, pero donde tenemos los elementos suficientes para demostrar que el nivel de riesgo del maestro es inminente”, concluyó el docente.
Docentes en medio del conflicto
Varios municipios del departamento del Huila se encuentran en medio de una grave crisis de orden público que impacta de manera significativa a los docentes, en especial aquellos que laboran en zonas rurales.
En la región los educadores han reportado ser víctimas de múltiples flagelos, entre los que destacan la extorsión y el desplazamiento forzado, sin embargo y a pesar de las alarmantes cifras, un 10% denuncian, los restantes no lo hacen por temor a represalias en su contra, y sus familias.
Frente al caso, el gobierno departamental a través de la Secretaría de Educación Departamental, ha señalado que, sin duda es alarmante la problemática que afecta a los maestros, y para ello se han realizado diversas reuniones con instituciones clave, como la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, con el propósito de abordar de manera efectiva los casos denunciados por los profesores para hallar soluciones que garanticen su seguridad.
Indican además que la situación de orden público ha generado una problemática adicional en la atención del servicio educativo en el departamento.
Este panorama de amenazas, extorsiones y desplazamiento, ha puesto en riesgo y han llevado a que muchas instituciones educativas enfrenten dificultades para operar con normalidad. En respuesta, se están diseñando acciones efectivas que busquen mitigar estos problemas, los cuales, según las autoridades, son provocados tanto por la delincuencia común y grupos armados al margen de la ley que afectan el orden público en el territorio.
Finalmente, la amenaza a los docentes en el Huila no solo es un asunto de seguridad individual, sino una herida al derecho fundamental de la educación. Garantizar que maestros puedan ejercer sin temor es esencial para que las aulas sean verdaderos centros de aprendizaje y no espacios de vulnerabilidad.
En este contexto, es clave que se refuercen los mecanismos de protección, se promueva la denuncia efectiva, se acompaña a las comunidades educativas afectadas y se garantice que la ruralidad no sea sinónimo de abandono ni de riesgo para quienes educan.
Rector amenazado en Neiva
En el corregimiento de Guacirco, zona rural de Neiva, se registró una amenaza pintada en el portón de la Institución Educativa Jairo Mosquera Moreno, lo que obligó a suspender las clases de manera preventiva por ese día.
El mensaje, que causó temor entre estudiantes, docentes y padres de familia, decía textualmente: “Rector, lárguese o aténgase a las consecuencias, hp”. Según versiones preliminares, la intimidación estaría dirigida al rector del plantel, Carlos Arturo Bohórquez Sánchez, aunque se desconocen los motivos que habrían originado el hecho.
Desde primeras horas del día, miembros de la comunidad educativa dieron aviso a las autoridades, que hicieron presencia en el lugar para recoger evidencias y evaluar la situación de riesgo.
La Policía Metropolitana de Neiva avanza en el proceso de indagación con el fin de establecer la autoría del mensaje y garantizar la seguridad del personal y los estudiantes.
Mientras tanto, los padres de familia pidieron a las autoridades acciones urgentes para proteger la vida del rector y restablecer la tranquilidad en esta institución educativa rural del norte de Neiva.
